Energía eólica en el cantón de Berna: la consejera de Gobierno verde Trede fracasa con la ordenanza contra la participación de los municipios

No podría haber sido más ajustado: por 76 votos contra 75 y una abstención, el Gran Consejo del cantón de Berna aprobó el 10 de septiembre de 2026 una moción destinada a garantizar por ley la participación de los municipios donde se ubican los grandes proyectos de energía eólica.

Con ello, el parlamento cantonal se opuso, por un margen mínimo, a la vía de ordenanza prevista por el propio gobierno; un resultado ajustadísimo, pero lo bastante claro como para suponer un revés político.

Llama la atención la constelación política. Fue la directora de Justicia verde Aline Trede cuya dirección quería retirar a los municipios el derecho de aprobación mediante una ordenanza. Precisamente una representante de aquel partido que hace bandera de la cercanía ciudadana y la democracia de base quiso recortar la codecisión municipal no mediante una modificación legal sujeta a referéndum, sino por medio de una ordenanza urgente.

El trasfondo del derecho federal

El desencadenante es la ley federal de aceleración para las energías renovables, vigente desde el 1 de abril de 2026. Para las instalaciones eólicas y solares de interés nacional, ahora es el cantón sede el que lleva a cabo un procedimiento concentrado de aprobación de planes, en el que también se agrupan las autorizaciones que hasta ahora eran competencia municipal. En principio se sigue previendo la aprobación del municipio de ubicación, pero el derecho federal permite a los cantones establecer regulaciones que se aparten de ello. Precisamente en torno a esta configuración de derecho cantonal gira el conflicto bernés.

La dirección de la consejera de Estado Trede quiso aprovechar al máximo este margen de maniobra en una ordenanza de introducción: según el borrador, la aprobación del municipio de ubicación ya no sería necesaria para tales proyectos. Especialmente llamativo: el borrador no se sometió a una consulta pública ordinaria, sino solo a una consulta limitada, y esto en pleno periodo de vacaciones de verano. La Asociación de Municipios Bernenses calificó la vía de la ordenanza de sumamente problemática desde el punto de vista jurídico. El presidente de la VBG, Daniel Bichsel, habló de reparos de índole constitucional. Los críticos consideran que el procedimiento es cuestionable tanto desde el punto de vista constitucional como legal.

La decisión popular que estaba a punto de quedar sin efecto

El ejemplo de Kirchlindach muestra el alcance de la cuestión. Por encima del municipio, Windenergie Schweiz planea un parque eólico con cinco instalaciones de unos 200 metros de altura. La población se había protegido de manera preventiva: en junio de 2026, los electores aprobaron por 1'261 votos contra 322 una modificación del reglamento municipal que consagra una votación popular municipal sobre un eventual proyecto. Precisamente este instrumento democrático corría el riesgo de quedar sin efecto a causa de la ordenanza cantonal. El consejo municipal de Kirchlindach criticó expresamente el borrador de la ordenanza.

Moción aprobada, asunto aún no resuelto

La moción presentada por el diputado del UDC Nils Fiechter exige que el derecho de participación de los municipios no se regule simplemente a nivel de ordenanza, sino mediante una ley. El núcleo de la crítica: tal restricción no puede producirse sin la aprobación del Gran Consejo, sino que requiere una modificación legal sujeta a referéndum. La parte contraria argumentó que se trata de proyectos de interés nacional.

Para situarlo en contexto: con la aprobación de la moción, el asunto todavía no está definitivamente resuelto. Una moción es un mandato parlamentario vinculante dirigido al gobierno, no una ley de aplicación inmediata. El Consejo de Estado debe ahora elaborar un proyecto que pase por el proceso parlamentario y pueda quedar sujeto a referéndum. A continuación, el Gran Consejo volverá a decidir si los municipios de ubicación conservan un derecho de aprobación explícito para tales proyectos. No obstante, tras la decisión de hoy, la presión política para renunciar a la vía de ordenanza prevista es considerable.

Por qué esto importa para la protección de la fauna salvaje

Para nosotros, este proceso es más que una lección de política democrática. Cuando la población local ya no tiene nada que decir, la naturaleza pierde una de sus instancias de protección más eficaces. Y es que a menudo son los municipios de ubicación quienes aportan el conocimiento local sobre bosques, corredores de fauna, rutas migratorias y zonas de nidificación y refugio. Una participación temprana y vinculante puede ayudar a examinar con mayor detalle, o a descartar, emplazamientos con altos riesgos de conflicto.

Porque la energía eólica no está exenta de consecuencias para la fauna. En particular, las aves y los murciélagos están en peligro por colisiones con los rotores. En el caso de los murciélagos, además de la colisión directa, también se discute el barotrauma como mecanismo, un daño interno causado por los cambios de presión en las palas del rotor. Una revisión publicada en Nature Reviews Biodiversity remite a estimaciones según las cuales las instalaciones eólicas, solo en países con alta densidad de energía eólica, podrían matar cada año alrededor de un millón de murciélagos; para Alemania se estiman más de 200'000 y para EE. UU. más de 500'000 murciélagos muertos al año. Según datos de la IG Wald ohne Windturbinen, un ornitólogo documentó en junio de 2022, en el plazo de dos días, 86 aves muertas en el parque eólico de Gotthard. Las instalaciones eólicas en zonas de montaña entrañan riesgos particulares para las aves rapaces y las aves migratorias, que aprovechan las corrientes térmicas ascendentes y con ello entran en la zona de peligro de los rotores. En este sentido, resultan decisivos la elección del emplazamiento, la época del año, el clima, la presencia de especies y unos tiempos de parada eficaces.

A esto se suma la cuestión del emplazamiento: Suiza se encuentra entre las zonas con menos viento de Europa. Las instalaciones eólicas generan electricidad en función del clima, y su producción anual depende en gran medida de la oferta de viento, el emplazamiento y la altura de la instalación. Desde el punto de vista de los críticos, muchas de las instalaciones alpinas de hasta 210 metros de altura presentan una desproporción entre el rendimiento, el fomento público y las intervenciones en el paisaje y los hábitats. Para la protección de la fauna salvaje, por tanto, no basta con calificar una instalación de manera general como «renovable». Cada instalación debe medirse según si su rendimiento eléctrico justifica la intervención en el paisaje y los hábitats, especialmente allí donde se ven afectadas especies sensibles, rutas migratorias o hábitats en gran medida no fragmentados.

La ajustada decisión bernesa constituye así una doble señal: a favor de la autonomía municipal y a favor de la protección de aquella fauna salvaje que no puede defenderse de las palas del rotor. Coincide además con el objetivo de la iniciativa de protección municipal, que pretende garantizar al electorado la última palabra sobre los proyectos de energía eólica en todos los cantones.