Caza furtiva sin precedentes en el Jura
Para el tribunal no hay mayor mentiroso que un cazador.
En 2009, cuatro cazadores recreativos del Jura comparecieron ante el tribunal penal de Porrentruy por caza furtiva.
Presuntamente abatieron ilegalmente más de 200 animales entre 2002 y 2006. Uno de los acusados era guarda de fauna auxiliar; el primer día del juicio negó las acusaciones.
El caso se consideró el mayor caso de caza furtiva de Suiza y el mayor hasta la fecha en el cantón del Jura. A los cuatro hombres se les acusa de haber abatido en secreto 138 corzos, 36 liebres, 12 jabalíes, 1 búho, 1 gato montés y 11 gamuzas. Se les imputaban infracciones de leyes federales y de la ley de caza cantonal. Durante el registro de la casa de uno de los acusados, los investigadores descubrieron dos armas con silenciadores, cuyo porte y uso en la caza estaban prohibidos en Suiza.
El Jura nunca había vivido un incidente de esta magnitud.
Christophe Noël, gestor cantonal de fauna silvestre
La caza furtiva salió a la luz en el verano de 2006, cuando un guarda de fauna vio pasar a toda velocidad en un coche a su guarda auxiliar, de 36 años, y a otra persona. Investigó el asunto y dio con un corzo escondido. La policía incautó entonces decenas de trofeos de caza, armas, documentos y carne de caza guardada en un congelador.
El cantón del Jura, demandante y parte civil, reclama una indemnización por daños y perjuicios de 142.458 francos. La indemnización por un corzo abatido ilegalmente se sitúa entre 1’000 y 1’400 francos. El Estado ya había puesto en marcha medidas de vigilancia en 2005, tras surgir rumores sobre estos actos de caza furtiva. Las investigaciones duraron más de dos años.
Durante el juicio se produjo una controversia en la que los abogados defensores afirmaron que el cantón, que había enviado a la vista a un representante de la oficina de medio ambiente, había cometido un error administrativo. Creían que solo el departamento de finanzas podía hacer valer reclamaciones de derecho civil. El tribunal dejó constancia de que las reclamaciones económicas del cantón del Jura pertenecen al derecho administrativo. Corresponde a la oficina de medio ambiente, responsable de la vigilancia de la caza, imponer multas a los cazadores furtivos.
El presidente del tribunal, Damien Rérat, y los dos jueces legos no creyeron ni por un segundo las versiones del cuarteto. «Sus versiones cambiaron constantemente durante la investigación». Una avalancha de inverosimilitudes que no gustó al tribunal. Como tampoco la táctica: «Incriminar a uno para exculpar a otro…». Y sin mencionar al hermanastro que se suicidó en 2005 y que supuestamente habría cazado furtivamente él solo casi todos los 200 animales que figuraban en el escrito de acusación.
Aunque negaron los hechos, se presentaron como defensores del medio ambiente y quisieron hacer creer que eran víctimas de una conspiración y de la intransigencia de los investigadores, intentaron cargar la culpa sobre el miembro de su equipo que aparentemente era el más débil, que carecía de medios económicos y no tenía licencia de caza.
El proceso, y en particular las declaraciones de algunos testigos, puso de manifiesto las rivalidades dentro del mundo de la caza del Jura. El fiscal había descrito una banda organizada que imponía su ley en los bosques de las Franches-Montagnes.
A pesar de sus desmentidos, los cuatro cazadores recreativos del cantón del Jura, acusados de haber abatido ilegalmente cerca de 200 animales, fueron declarados culpables. Sus penas quedan en suspenso, con excepción de la prohibición de cazar.
Los dos cazadores furtivos de Saignelégier implicados en este asunto son hermanos, y uno de ellos es guarda de fauna auxiliar. El hermano del guarda auxiliar admitió los hechos tras una noche de interrogatorio. Este cazador furtivo tenía una licencia de caza francesa, que no es válida en el cantón del Jura.
Tres de los cuatro acusados y la fiscalía recurrieron la sentencia del tribunal penal. Los abogados exigieron la absolución de su cliente.
El antiguo guarda de fauna auxiliar fue condenado a 18 meses de prisión (la pena máxima), suspendidos durante cinco años. Por lo tanto, no tuvo que pasar seis meses entre rejas, como habría querido la fiscalía. El juez lo declaró culpable de haber abatido ilegalmente 87 corzos, 26 liebres, nueve jabalíes, un búho, un gato montés y ocho gamuzas. El vecino de Saignelégier tuvo además que pagar una multa de 5’000 francos, que corresponde al importe máximo, y se le impuso una prohibición de cazar en Suiza durante 10 años.
Tras el recurso: el guarda de fauna auxiliar recibió 18 meses de prisión con cuatro años de suspensión, frente a los cinco años de la sentencia inicial. El tribunal también suavizó la prohibición de cazar en Suiza de diez años, al suspenderla por completo.
El cazador recreativo de Bourrignon también fue condenado en primera instancia a 18 meses con cinco años de suspensión y se le retiró la licencia de caza durante diez años. El tribunal le imputó 32 corzos, siete liebres y otros tantos jabalíes, así como tres gamuzas.
Tras el recurso: este cazador recreativo, que en primera instancia había sido condenado a una pena de 18 meses con suspensión condicional, fue condenado a una pena de 240 días con suspensión condicional y a una multa de 130 francos. También se suspendió la prohibición de cazar en Suiza.
El tercer cazador furtivo, residente en Goumois, salió «relativamente bien parado» con cinco corzos y 150 días-multa, suspendidos condicionalmente durante tres años. Para él, la prohibición de cazar asciende a tres años.
Tras el recurso, el tercer hombre de la banda recibió una multa de 120 días-multa y una prohibición de cazar también suspendida.
Al hermano del antiguo guarda de fauna auxiliar se le imputaron un corzo y un rebeco. La sentencia: 60 días-multa (10 francos) con suspensión condicional durante tres años, más un año de prohibición de cazar. Para este hombre de Les Pommerats es un duro golpe, ya que nunca ha obtenido una licencia de caza en Suiza. De los cuatro, fue el único que admitió sus errores.
Las costas judiciales, de 22’700 francos, se repartieron entre los cuatro.
El llamado caso de caza furtiva de Franches-Montagnes por fin ha encontrado su epílogo, informa el cantón del Jura. El 11 de febrero de 2013, el Tribunal Federal rechazó los recursos presentados el año pasado por los dos principales implicados y falló a favor del Estado. Por lo tanto, los cuatro cazadores furtivos deberán pagar, además de las costas del procedimiento, los daños causados por los animales abatidos ilegalmente, que ascienden en total a unos 115’000 francos.
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