Cómo escala la política de caza en Escandinavia

Estos casos no son notas al margen. Muestran de manera ejemplar hasta qué punto la política de caza se ha alejado de los fundamentos del Estado de derecho y de la ciencia, y cómo cada vez debe ser corregida por los tribunales.

En Noruega, las acusaciones revelan un problema estructural. Las investigaciones no se dirigen contra deslices individuales, sino contra formas organizadas de caza furtiva caza por hobby. El hecho de que precisamente en especies estrictamente protegidas como el lobo y el lince se infrinja la ley de manera sistemática pone de relieve la aceptación de la protección de especies dentro de determinados ámbitos de la caza. La retórica recurrente de la «necesidad» y el «control» choca frontalmente con el derecho penal en este caso.

En Suecia, el conflicto se está trasladando cada vez más de la administración de caza a las salas de los tribunales. Las decisiones sobre las cacerías de lobos para el año 2026 ya no se resuelven principalmente por vía política o técnica, sino jurídica. Los tribunales suspenden cacerías, revisan las autorizaciones y señalan bases legales insuficientes. Es una señal clara: la legitimación de la caza recreativa de depredadores se ha vuelto tan frágil que ya no puede imponerse sin un examen judicial.

Esta evolución no es un fenómeno exclusivamente escandinavo. Refleja una tendencia europea que también es visible en la Suiza. Cuando la política de caza se practica cada vez más de forma ideológica, guiada por grupos de presión o meramente simbólica, las autoridades pierden credibilidad. La consecuencia es un desplazamiento de los conflictos hacia el Estado de derecho.

Especialmente llamativa resulta la discrepancia entre la comunicación oficial y la práctica real. Mientras las asociaciones de caza siguen hablando de una gestión sostenible de los animales salvajes, las investigaciones, acusaciones y suspensiones judiciales muestran otra realidad: falta de autocontrol, transgresiones de límites y una subestimación sistemática de las barreras legales.

Para la protección de los animales salvajes esto constituye una señal de doble filo. Por un lado, las decisiones judiciales demuestran que el Estado de derecho y la protección de las especies aún funcionan. Por otro, los casos revelan lo frágiles que se han vuelto estos mecanismos de protección cuando deben defenderse permanentemente frente a intereses de política de caza.

Los acontecimientos escandinavos dejan claro algo que también resulta relevante para Suiza: la caza recreativa de depredadores hace tiempo que dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en una cuestión democrática, jurídica y social. Quien siga afirmando que se trata simplemente de una regulación de poblaciones ignora el creciente número de procesos penales, decisiones judiciales y conflictos institucionales.

Acción de participación: Exigid a vuestro municipio, debido a la catastrófica política del consejero federal Albert Rösti (SVP), una solicitud de condonación de los impuestos federales y cantonales a raíz de la reciente autorización del abatimiento de lobos en Suiza. Podéis descargar la carta modelo aquí: https://wildbeimwild.com/ein-appell-fuer-eine-veraenderung-in-der-schweiz/