14 denuncias penales, más de 100 animales muertos: el tribunal del Tesino deniega la condición de parte

Según su propia documentación, la IG Wild beim Wild ha presentado 14 denuncias penales en el Tesino desde octubre de 2025. Se refieren a casos con un total de más de 100 animales no humanos muertos que, a su juicio, murieron porque sus propietarios no los protegieron. El 6 de noviembre de 2026, la Corte dei reclami penali de Lugano desestimó el recurso de la IG Wild beim Wild y de su fundador. El tribunal niega en ambos casos una vulneración directa de derechos propios. Por ello no obtienen la condición de acusación particular ni el acceso al expediente basado en ella. El tribunal no ha resuelto sobre las infracciones de la legislación de protección animal denunciadas. Las costas del procedimiento, 700 francos, se han impuesto al fundador de la IG Wild beim Wild.

De qué se trataba

El punto de partida es la primera denuncia penal de la IG Wild beim Wild en el Tesino. En la noche del 16 al 17 de octubre de 2025 se mató en Bironico a once gamos, presuntamente por un lobo. El 22 de octubre de 2025, la IG Wild beim Wild denunció al propietario por protección insuficiente de los gamos, así como a la oficina veterinaria cantonal por la autorización concedida. La fiscalía registró la denuncia como procedimiento por maltrato animal e infracción de la ley de protección animal (art. 26 y 28 LPA).

Hasta junio de 2026 siguieron otras seis denuncias por ovejas y cabras sin proteger. El 3 de junio de 2026, la IG Wild beim Wild y su fundador, como acusadores particulares, solicitaron el acceso a los expedientes de todos los procedimientos derivados de sus denuncias. La Fiscalía lo rechazó el 11 de junio: la IG Wild beim Wild no es una parte directamente perjudicada y, por tanto, no es parte en el procedimiento. La denuncia sigue su curso previsto y las investigaciones policiales aún están en marcha. Contra esta decisión, la IG Wild beim Wild y su fundador interpusieron recurso el 18 de junio.

El trasfondo es el estadística del cantón propio cantón. De enero a octubre de 2026 atribuye al lobo 131 animales de renta muertos. Solo seis de ellos estaban protegidos de forma adecuada. En el caso de 48 animales, el cantón afirma expresamente que la protección fue insuficiente. Hemos desglosado las cifras en el artículo «Ataques de lobo en el Tesino: solo 6 de 131 animales estaban protegidos».

Qué ha decidido el tribunal

El objeto de la decisión era únicamente si la IG Wild beim Wild y su fundador tienen derecho a la condición de parte y al acceso a los expedientes. El tribunal no examinó si los gamos estaban suficientemente protegidos ni si la Fiscalía investiga de forma adecuada. Se basa en el Código de Procedimiento Penal y en la jurisprudencia del Tribunal Federal. Los puntos más importantes de la decisión, de diez páginas:

• Solo es perjudicado quien resulta lesionado directa y personalmente en sus propios derechos por el delito (art. 115 CPP). Los recurrentes no son propietarios de los gamos muertos y tampoco están afectados personalmente por otra vía.
• Según el tribunal, las disposiciones penales de la Ley de protección de los animales no protegen derechos personales, sino la dignidad y el bienestar de los animales. Los recurrentes, evidentemente, no son titulares de esos bienes jurídicos.
• La IG Wild beim Wild y su fundador son meros denunciantes. Como tales, según el art. 301 CPP, solo tienen derecho a saber si se ha abierto un procedimiento y cómo se resuelve. No les corresponden más derechos procesales.
• La pretensión punitiva la ejerce la Fiscalía.
• Según el art. 104, apartado 2, CPP, la Confederación y los cantones pueden conceder derechos de parte a otras autoridades para salvaguardar intereses públicos. El concepto de autoridad debe interpretarse de forma restrictiva. La IG Wild beim Wild no cumple los requisitos y tampoco se ha amparado en esta disposición.
• La lengua del procedimiento es el italiano. La solicitud de mantener la correspondencia en alemán no prosperó.

El tribunal deja abierta una vía: la IG Wild beim Wild y su fundador podrían solicitar acceso a las actas como terceros si invocan un interés científico u otro interés digno de protección y no se oponen intereses preponderantes (art. 101, apdo. 3, CPP). Con ello, sin embargo, dicho acceso no está autorizado. La resolución judicial afecta formalmente al procedimiento Bironico. Según el escrito de la Fiscalía del 30 de junio de 2026, su resolución impugnada se aplica a todos los procedimientos en los que la IG Wild beim Wild figura como denunciante. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Federal en el plazo de 30 días desde su notificación.

Lo que el tribunal no aborda

La resolución no trata expresamente dos puntos del procedimiento.

Primero, el interrogatorio. Según la versión de la IG Wild beim Wild, su fundador fue citado por teléfono a la comisaría de Biasca y allí fue interrogado sobre tres casos denunciados, entre ellos Bironico. En un escrito complementario del 26 de junio de 2026, la IG Wild beim Wild alegó que este proceder contradecía la posterior denegación de la condición de parte y solicitó que se incorporara el acta del interrogatorio. La resolución no se pronuncia expresamente sobre esta alegación. Se limita a señalar que el tribunal ha tomado conocimiento de los demás escritos.

Segundo, el estado de las investigaciones. En su escrito del 30 de junio de 2026, la Fiscalía afirmó que una solicitud de acceso a las actas como tercero solo podrá examinarse cuando se disponga del informe de la policía judicial. En este momento aún no se habría identificado a ningún acusado ni a otras partes («non essendo al momento ancora identificati imputati e/o altre parti»), por lo que dicha solicitud sería prematura. Habían transcurrido más de ocho meses desde la primera denuncia. La resolución no recoge esta afirmación. Solo menciona la declaración de la Fiscalía del 11 de junio de que las investigaciones policiales seguían en curso. A día de hoy, la IG Wild beim Wild no conoce ningún resultado en ninguno de los casos denunciados.

Quién tiene ahora la obligación de actuar

El tribunal ha aclarado quién no puede intervenir. Quién debe actuar lo establece la ley. Las obligaciones están claramente repartidas:

• Los propietarios. Quien tiene o cuida animales es responsable de su bienestar (art. 6 LPAn). Esto también rige en el pasto y en la majada alpina.
• La oficina veterinaria cantonal. La ejecución de la Ley de protección de los animales corresponde a los cantones (art. 32 LPAn). Si la autoridad competente constata que los animales están desatendidos o se mantienen en condiciones totalmente inadecuadas, debe intervenir de inmediato. Si constata infracciones punibles, debe, en principio, presentar ella misma la denuncia penal. Solo en casos leves puede renunciar a hacerlo (art. 24 LPAn).
• La Fiscalía. El maltrato animal se persigue de oficio. Las autoridades penales están obligadas a incoar y llevar a cabo un procedimiento cuando tienen conocimiento de delitos (art. 7 CPP).
• El Consejo de Estado y el departamento competente. Supervisan a la Oficina Veterinaria. La propia Fiscalía lo señala en su toma de posición: un eventual control de la actividad de la Oficina Veterinaria corresponde al departamento competente.
• La Confederación. La alta supervisión sobre la ejecución de la Ley de protección de los animales por parte de los cantones corresponde al Departamento Federal del Interior (art. 40 LPAn).
• El Gran Consejo. Puede exigir políticamente la ejecución. Y podría conferir a una autoridad cantonal derechos de parte en los procedimientos penales por protección de los animales, tal y como permite el derecho federal.

En el caso Bironico, además, la autoridad que debe ejecutar la protección de los animales ha sido denunciada ella misma. Cómo trata la Oficina Veterinaria los rebaños desprotegidos lo hemos explicado en el artículo «La oficina veterinaria del Tesino mira hacia otro lado, los animales mueren».

Qué pasos prepara la IG Wild beim Wild

La IG Wild beim Wild no se queda en la mera resolución. Prepara escritos dirigidos a los organismos a los que la ley impone obligaciones:

• Solicitud a la Fiscalía. La IG Wild beim Wild y su fundador solicitan el acceso al expediente como terceros, el acta del interrogatorio en Biasca e información sobre el estado de cada procedimiento. Esta vía la ha señalado el propio tribunal.
• Notificación a la Oficina Veterinaria cantonal. La IG Wild beim Wild notifica a la autoridad de ejecución los casos que el propio cantón registra como insuficientemente protegidos y quiere saber qué comprobaciones y medidas se adoptaron después. Se envía una copia al departamento competente.
• Denuncia de supervisión sobre la ejecución. Se dirige al Departamento Federal del Interior, que ejerce la alta supervisión sobre la ejecución de la Ley de protección de los animales. La base es la propia estadística del cantón.
• Denuncia ante la autoridad de supervisión de la justicia. La IG Wild beim Wild está estudiando presentar un escrito ante el Consiglio della magistratura, que ejerce la supervisión sobre los magistrados del Tesino. El objeto sería la duración de los procedimientos.
• Más denuncias. Cada nuevo caso documentado será denunciado.

Está por ver si la IG Wild beim Wild recurrirá además la decisión ante el Tribunal Federal. Informaremos sobre las respuestas de las autoridades.

Una laguna con historia

La decisión de Lugano aplica el derecho vigente. En las infracciones de la ley de protección animal, el propio tenedor del animal es con frecuencia el denunciado. Quien denuncia una infracción sin verse directamente lesionado en sus propios derechos no obtiene, por la mera denuncia, la condición de acusación particular y no puede impugnar mediante recursos un archivo de la causa. Solo existen derechos de parte en favor de los animales afectados allí donde un cantón se los ha atribuido a una autoridad.

Esta laguna se conoce desde hace mucho tiempo. El cantón de Zúrich contó, desde principios de la década de 1990 hasta finales de 2010, con un abogado de los animales con derechos de parte en el proceso penal; después, esa tarea pasó a la oficina veterinaria. Una iniciativa popular federal que exigía abogados de protección animal de este tipo en todos los cantones fue rechazada el 7 de marzo de 2010 con un 70,5 % de votos en contra y en todos los cantones. El cantón de Berna había concedido derechos de parte a la federación de organizaciones bernesas de protección animal. El Tribunal Federal declaró el 14 de junio de 2018 que ello era contrario al derecho federal, porque la federación no era una autoridad en el sentido del art. 104, apartado 2, del Código de Procedimiento Penal (BGE 144 IV 240). El tribunal tesinés también se apoya en esta sentencia.

Comentario: quien denuncia, paga

Seis de 131. Esa es la cifra de animales de granja abatidos en el Tesino este año que, según los datos del cantón, estaban adecuadamente protegidos. En 48 casos, el propio cantón constata que la protección fue insuficiente. Estas constataciones exigen una respuesta: ¿qué medidas de protección eran razonablemente exigibles? ¿Se incumplieron las obligaciones de los tenedores? ¿Y qué consecuencias han extraído de ello las autoridades competentes? La IG Wild beim Wild no tiene constancia de ni un solo resultado de tales investigaciones.

La IG Wild beim Wild ha hecho lo que les queda a los ciudadanos en una situación así: ha documentado y denunciado, 14 veces en poco más de un año. Cuando ella y su fundador hicieron revisar judicialmente la denegación de la condición de parte y del acceso al expediente, su recurso fue desestimado. Las costas, 700 francos, las debe asumir personalmente el fundador. Para el procedimiento de recurso fue parte suficiente como para cargar con los costes. En el propio procedimiento penal, no lo es. Quien denuncia la irregularidad y pregunta, paga. Se desconoce si las denuncias tuvieron alguna consecuencia para quienes son responsables de la protección de los animales.

El tribunal no tiene culpa de ello, aplica la ley. Pero la sentencia traslada la cuestión adonde le corresponde. Si los denunciantes no pueden ser parte, entonces tienen que responder quienes son competentes de oficio. La oficina veterinaria debe intervenir cuando ovejas y cabras mueren año tras año, en el mismo lugar, sin protección. La fiscalía debe investigar y decidir. El departamento y la Confederación deben mirar con atención cuando no se ejecuta la ley. ¿Ha remitido la fiscalía las denuncias al menos al departamento o a la oficina veterinaria? Tampoco eso se sabe.

Mientras nadie actúe, pagan otros: los animales no humanos que mueren sin protección y los lobos que son abatidos por ello. En el Gran Consejo del Tesino, entretanto, una moción pide que los abatimientos sean posibles ya tras el primer ataque. Más artículos en la sección los derechos de los animales.