Un escándalo de caza alemán plantea preguntas para Suiza

La organización de derechos de los animales PETA presentó una denuncia ante la autoridad de caza competente.

El incidente plantea cuestiones fundamentales que también son muy relevantes para Suiza. ¿Cómo se gestiona a los animales salvajes abatidos? ¿Quién controla realmente la práctica de la caza? ¿Y cuán creíble es el relato de la caza por hobby como instrumento de protección de la naturaleza y prevención de epidemias?

El hecho de que se eliminen cadáveres de jabalí en una zona protegida contradice la idea fundamental de la protección de los hábitats. Incluso si los Fauna salvaje fueron abatidos en el marco de la caza recreativa, sigue en pie la pregunta de por qué los cadáveres no se retiraron o examinaron de forma adecuada. El caso resulta especialmente delicado en el contexto de la peste porcina africana. Las asociaciones de caza recreativa la utilizan regularmente como justificación para los abatimientos intensivos. Al mismo tiempo, el hallazgo demuestra que precisamente los estándares necesarios para la prevención de epidemias no se cumplen, al parecer, en la práctica por parte de los cazadores recreativos.

También en Suiza la caza recreativa de jabalíes se legitima cada vez más con el argumento de la prevención de epidemias. El concepto de regulación de poblaciones está firmemente arraigado en el vocabulario de la política de caza. Sin embargo, voces críticas procedentes de la ciencia y de protección de los animales salvajes llevan años señalando que una elevada presión cinegética sobre los jabalíes no conduce a una reducción sostenible. Al contrario: la desestabilización social y la madurez sexual más temprana pueden acelerar la reproducción de la población. Este fenómeno está bien documentado, pero suele quedar fuera del debate político.

El caso de Königsbruch pone de manifiesto algo que rara vez se aborda también en Suiza. La caza recreativa no se practica en un vacío. Deja huellas, tanto ecológicas como éticas. La eliminación de los cuerpos de los animales, el trato a los animales heridos, el control de los abatimientos y el cumplimiento de las normas en zonas protegidas suelen depender, en la práctica, del autocontrol de los cazadores recreativos. Los controles independientes son escasos y la transparencia es la excepción.

Para Suiza se plantea así una pregunta incómoda. Si ya en una reserva natural alemana los cadáveres de jabalí pueden acabar en una fosa sin que nadie lo impida, ¿con qué rigor se controla esto en nuestro país? ¿Qué papel desempeñan las autoridades cantonales de caza cuando se trata de infracciones contra la bienestar animal, la normativa sobre epizootias o los requisitos de las zonas protegidas? Y ¿qué tan en serio se toma realmente el estatus de protección de los animales salvajes cuando se los considera principalmente un recurso cinegético?

El incidente subraya además un problema estructural. Políticamente, la caza recreativa se presenta a menudo como si no hubiera alternativa. Cualquier crítica se tacha rápidamente de ideológica. Sin embargo, se trata de hechos verificables, de la aplicación de la normativa, de ética y de responsabilidad. La protección de los animales salvajes significa más que cifras de abatimiento. Comienza con un trato respetuoso hacia los animales, también después de su muerte, y termina con estructuras transparentes y controladas.

Precisamente en el contexto de los debates actuales sobre la legislación de caza, la gestión del lobo y las supuestas superpoblaciones, el caso de Königsbruch debería entenderse también en Suiza como una señal de alarma. No como un caso aislado alemán, sino como síntoma de un sistema que se cuestiona demasiado poco.