La fiscalía ucraniana lleva por primera vez un crimen medioambiental ante los tribunales

La fiscalía de Jersón ha presentado cargos contra el director de la reserva de la biosfera de Askania-Nova, nombrado por Rusia, por la exportación ilegal a Rusia de animales raros y especialmente protegidos.

En total, siete animales protegidos de la reserva fueron retirados del territorio soberano ucraniano a causa de estos traslados ilegales. Este caso constituye un precedente a nivel mundial y demuestra que los delitos medioambientales cometidos durante una guerra no quedan impunes.

El departamento especializado en delitos medioambientales de la Fiscalía General y la fiscalía regional de Jersón, con el apoyo del Environmental Mobile Justice Team de Global Rights Compliance, iniciaron la investigación del caso. Tras la ocupación rusa de Askania-Nova, una reserva de la biosfera protegida por la UNESCO, la reserva fue reinscrita de manera ilegítima bajo el derecho ruso y la administración ucraniana legítima fue sustituida. El 1 de diciembre de 2023, la nueva administración trasladó de forma ilegal, sin el consentimiento de Ucrania, animales raros y en peligro de extinción (que, a pesar de la reinscripción ilegal, siguen siendo propiedad ucraniana) a zoológicos controlados por Rusia. Entre los animales afectados se encontraban cebras de Chapman, bisontes americanos, caballos de Przewalski y un ciervo del padre David, que murió durante el traslado.

Según el derecho internacional humanitario, Rusia, como potencia ocupante, debe respetar la legislación ucraniana, incluido el estatus de protección de Askania-Nova. El artículo 55 del Reglamento de La Haya de 1907 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre permite a una potencia ocupante actuar únicamente como administradora temporal de los bienes, no como propietaria. Además, el artículo 56 prohíbe la destrucción o confiscación de instituciones dedicadas al arte y la ciencia, otorgando a Askania-Nova una protección especial.

El crimen de guerra de expolio no solo afecta al robo de artefactos o bienes de civiles, sino que también se extiende a los tesoros naturales de Ucrania. La exportación ilegal de estos animales protegidos constituye una violación directa del derecho internacional humanitario y debe ser perseguida penalmente, declaró Nataliia Pavlovych, asesora jurídica y subdirectora del equipo Environment MJT en Global Rights Compliance.

El sospechoso en este caso es Dmytro Mesheryakov, el jefe designado por Rusia de Askania-Nova, responsable de organizar el traslado de animales protegidos en violación del derecho internacional.

Aunque crímenes de guerra como el expolio y la destrucción del patrimonio cultural ya han sido perseguidos ante tribunales nacionales e internacionales, esta es la primera vez que se presentan denuncias penales referidas exclusivamente a daños medioambientales derivados de la guerra en una zona protegida. La denuncia de Ucrania, respaldada por GRC, envía una señal contundente de que la destrucción del medio ambiente se tratará con la misma gravedad que otros crímenes de guerra.

«Con la apertura de este procedimiento, los fiscales comienzan a cerrar esta brecha y, al mismo tiempo, envían el mensaje de que los daños medioambientales causados durante una guerra ya no quedarán impunes. Están a la vanguardia en la creación de precedentes en este ámbito jurídico», añadió Donna Cline, directora del equipo Environment MJT en Global Rights Compliance.

El Mobile Justice Team de GRC forma parte del Atrocity Crimes Advisory (ACA) Group para Ucrania. La ACA es una iniciativa multilateral puesta en marcha por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido para apoyar a las autoridades policiales y a los fiscales ucranianos en la investigación y persecución de los crímenes internacionales cometidos durante la guerra a gran escala.