Asaltos a cazadores hobby en Calabria

A lo largo de la carretera provincial 52 entre Rosarno, Laureana di Borrello y Bagnara Calabra se están desarrollando escenas que recuerdan más a un conflicto armado que a una mañana en la provincia italiana.

En varias ocasiones, grupos de cazadores recreativos fueron detenidos por hombres encapuchados, amenazados con armas y despojados de sus escopetas de caza, munición, teléfonos móviles y objetos de valor. Algunos resultaron heridos físicamente.

Esta serie de asaltos ha puesto en alerta a seis grandes asociaciones de caza italianas, que se dirigieron mediante una carta conjunta al Ministerio del Interior, así como al prefecto y al jefe de policía de Reggio Calabria. Hablan de «repetidos ataques armados contra cazadores» en el camino hacia sus zonas de caza entre Bagnara Calabra y Rosarno, denuncian el robo de armas, objetos personales y agresiones físicas, e informan de que algunos socios han renunciado por completo a la caza por miedo. Las asociaciones exigen «garantías» para que los cazadores recreativos recuperen la confianza en el ejercicio de su actividad.

El tono predominante: los cazadores como víctimas amenazadas, y se exige al Estado que «normalice» de nuevo las condiciones para la caza recreativa.

La «banda de las escopetas» y un viejo problema en la Piana di Gioia Tauro

Nuestras propias investigaciones en medios regionales muestran que los recientes asaltos no son un fenómeno aislado, sino que se enmarcan en una larga historia de violencia en la zona de la Piana di Gioia Tauro. Los medios locales hablan ya de una «banda dei fucili», una banda de las escopetas que asalta específicamente a cazadores recreativos. Se describe repetidamente cómo un comando armado detiene vehículos en plena calle y desarma a sus ocupantes.

Una revista digital sitúa expresamente uno de estos asaltos en la carretera hacia Laureana di Borrello en el contexto de la 'Ndrangheta. La región está marcada por históricas guerras entre clanes mafiosos que ya en los años ochenta y noventa causaron numerosas víctimas mortales. Allí, el robo de armas de caza se interpreta como «señal de una guerra subterránea», una demostración de poder de grupos criminales para los que las armas son un recurso barato y fácilmente disponible.

Si los asaltos actuales están realmente relacionados de forma directa con enfrentamientos concretos es algo que deberán esclarecer los investigadores. Lo que sí es indiscutible es que, en una zona donde el crimen organizado ejerce tradicionalmente una fuerte influencia, circulan decenas de armas de uso civil cuyos propietarios se desplazan con regularidad, armados, por zonas rurales mal controladas. Precisamente esta realidad convierte a los cazadores recreativos en blancos ideales, y a sus armas en un botín muy codiciado.

Cuando los controles contra el robo y las infracciones de caza coinciden

Resulta llamativo cómo las propias autoridades de seguridad relacionan ahora este problema. En Santo Stefano in Aspromonte, los carabinieri llevaron a cabo recientemente una operación específica contra el bracconaggio, expresamente «en el marco de medidas contra la caza furtiva y el robo de armas en perjuicio de los cazadores». Los agentes se toparon en una zona boscosa con un hombre sentado en un taburete con un arma, junto al cual había un reclamo electromagnético para zorzales, un dispositivo prohibido. El arma, el reclamo y un ave abatida ilegalmente fueron confiscados, y el hombre fue denunciado por caza furtiva.

El mensaje es claro: las mismas estructuras, las mismas zonas apartadas, la misma categoría de armas. Por un lado, los cazadores recreativos son víctimas de robos; por otro, los propios cazadores recreativos infringen la legislación de caza y protección de la naturaleza. Las autoridades responden con controles reforzados, porque entienden ambos fenómenos como parte de un mismo problema de seguridad en el ámbito rural.

Lo que no aparece en el escrito de las asociaciones de caza es que este escenario de violencia solo es posible porque existe un gran número de usuarios armados de ocio en el territorio, que llevan sus armas de fuego paseando en el coche, convirtiéndose así en un fácil «arsenal rodante» al alcance de cualquiera.

Armas legales como fuente de abastecimiento para el mercado ilegal

El robo de armas de caza no es solo un drama individual, sino también un problema estructural. Desde hace años, la UE y los Estados miembros advierten sobre el riesgo de que las armas de fuego legales acaben en el mercado negro. Un documento reciente del Senado italiano sobre la política europea de armas de fuego menciona expresamente el objetivo de reducir la «transferencia de riesgo de armas de fuego del mercado legal al ilegal» y de mejorar la trazabilidad.

Al mismo tiempo, ese mismo marco normativo prevé procedimientos de importación y exportación simplificados precisamente para los cazadores recreativos, por ejemplo en los viajes con el «Pasaporte Europeo de Armas de Fuego». Así, la política, por un lado, facilita la posesión y el transporte legal de armas de caza, mientras que, por otro, intenta frenar la fuga de estas armas hacia circuitos delictivos.

Los recientes asaltos en Calabria muestran esta contradicción de forma especialmente acentuada: los autores no necesitan asaltar un arsenal secreto. Basta con bloquear la carretera por la que, cada fin de semana, circulan los cazadores recreativos armados.

La caza recreativa como riesgo de seguridad subestimado

Mientras las asociaciones de caza recreativa insisten en la seguridad amenazada de los cazadores recreativos, otras víctimas de la caza permanecen invisibles. Según los datos de la Associazione Vittime della Caccia (AVC), analizados por la organización de protección animal OIPA, en la temporada 2023/24 hubo en Italia 68 víctimas humanas de accidentes de caza: 12 muertos y 56 heridos. 28 de estas personas afectadas no eran cazadoras, entre ellas varios niños que «simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado», por ejemplo mientras paseaban por el bosque.

Es especialmente llamativo que la región de Calabria encabece la comparación regional del número de víctimas. Según los datos de la AVC citados por OIPA, la Toscana registró 10 casos, seguida de Calabria con 6, y regiones como el Véneto y Campania con 4 casos cada una.

En otras palabras: precisamente allí donde ahora las asociaciones de caza recreativa reclaman a viva voz más protección para los cazadores recreativos armados, la propia caza recreativa figura entre los riesgos de seguridad relevantes para la población en general. Cada año se matan o hieren millones de animales salvajes, pero también decenas de personas mueren o sufren lesiones graves a causa de las armas de caza.

Ante este trasfondo, la exigencia de volver a hacer que la caza sea «segura» resulta llamativamente unilateral. ¿Segura para quién? ¿Para quienes recorren el campo con escopetas por motivos recreativos, o para todos aquellos que viven, trabajan, caminan, recogen setas o simplemente pasean cerca de sus casas sin ir armados?

Un punto ciego en el relato de las asociaciones

El comunicado conjunto de las asociaciones de caza habla extensamente del miedo y la inseguridad entre los cazadores recreativos y de la necesidad de restaurar su confianza en el ejercicio de la caza. No hay ni una palabra sobre las personas que cada año resultan heridas o mueren por armas de caza, a pesar de no cazar ellas mismas. Ni una palabra sobre el sufrimiento masivo de los animales salvajes.

En cambio, el tono predominante es que se necesita más presencia policial para poder seguir practicando la caza como actividad de ocio sin restricciones. La violencia del crimen organizado se condena con razón, mientras que la violencia estructural de la caza recreativa hacia los animales y el peligro para la población quedan fuera de foco.

A esto se suma que una parte de los cazadores no está dispuesta a respetar ni siquiera las ya de por sí débiles normas existentes. El caso de Santo Stefano in Aspromonte no es un «delito menor». La caza furtiva con reclamos prohibidos, el abatimiento ilegal de especies protegidas, la falta de control sobre munición y armas: todo ello aumenta aún más los riesgos tanto para los animales como para las personas.

Quien, en medio de esta situación, exige exclusivamente más seguridad para los propietarios de armas, deja muy claras cuáles son sus prioridades.

¿Qué sería coherente?

Nadie discute que los atracos a cazadores recreativos son actos criminales y traumáticos que deben perseguirse. Sin embargo, el punto decisivo es cómo reacciona la sociedad ante esta evolución.

Una respuesta puramente reglamentaria, que se limita a exigir más policía para que los particulares puedan seguir saliendo al campo con armas letales por motivos recreativos, desconoce la causa más profunda: la normalización de las armas de fuego en la vida civil cotidiana.

Unas medidas coherentes se verían muy distintas:

• reducción drástica de los tiempos y tipos de caza permitidos
• una limitación y un control considerablemente más estrictos de las armas en manos privadas
• nada de facilitar el tránsito europeo de armas de caza, sino todo lo contrario
• un registro estadístico sistemático de todos los accidentes de caza y sus víctimas
• Reorientación de los recursos estatales, alejándolos del apoyo a la caza recreativa para destinarlos a programas de biodiversidad y áreas protegidas

Mientras la caza recreativa se siga presentando como un inofensivo «hobby rural», permanecerá invisible el hecho de que constituye un pilar importante de una cultura armamentística que ahora está siendo explotada por la delincuencia organizada.

Por eso, los asaltos en Calabria no son solo un problema de seguridad para los cazadores recreativos. Son una señal de alarma para una sociedad que tolera la posesión de armas por motivos de ocio y luego se muestra sorprendida cuando esas armas terminan en manos de quienes hacen de la violencia su modelo de negocio.

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