El tribunal confirma la absolución de los activistas de ARIWA por los derechos de los animales

Animal Rights Watch (ARIWA) publicó en 2013 material filmado de la «van Gennip Tierzuchtanlagen GmbH» en Sandbeiendorf (Sajonia-Anhalt).

Las imágenes demostraron un maltrato animal masivo y graves infracciones de la legislación de protección animal en una de las mayores explotaciones de cría de cerdos de Alemania. Las inspecciones de las autoridades confirmaron gran parte de las infracciones. Mientras que el procedimiento penal contra los responsables de la van Gennip Tierzuchtanlagen GmbH & Co. Handels-Kommanditgesellschaft por infracción del § 17 TierSchG (Ley alemana de protección de los animales) fue archivado a finales de 2015, los activistas de investigación ya comparecían en septiembre de 2016 ante el Amtsgericht Haldensleben (juzgado de primera instancia) por allanamiento de morada.

Absolución por estado de necesidad justificante

El juicio terminó con una absolución conforme al § 34 StGB (Código Penal alemán), «estado de necesidad justificante». La jueza del Amtsgericht Haldensleben consideró que el bien jurídico de la protección animal en la instalación, con 65.000 animales, estaba lesionado de tal manera que quedaba justificado el allanamiento de morada cometido por los tres activistas. La Fiscalía de Magdeburgo recurrió la sentencia. El Landgericht Magdeburg (tribunal regional) confirmó el fallo en octubre de 2017. En su fundamentación, el Landgericht fue incluso más allá de la argumentación del Amtsgericht Haldensleben: aplicó a los acusados la causa de justificación, aún «más fuerte», del auxilio necesario (§ 32 StGB). La Fiscalía interpuso recurso de casación contra esta sentencia. La vista del recurso de casación tuvo lugar el 22 de febrero de 2018 en el Oberlandesgericht Naumburg (tribunal regional superior). El Oberlandesgericht rechazó el recurso de casación de la Fiscalía. La absolución es, por tanto, firme: una sentencia importante en nombre de los animales.

Entrar en instalaciones con fines de documentación está justificado

Desde el punto de vista de ARIWA, entrar en instalaciones de la industria animal con fines de documentación y obtención de pruebas está justificado. A nuestro juicio, el derecho de los animales a la integridad física y psíquica y a una vida sin tormento ni angustia prevalece sobre el derecho de inviolabilidad del domicilio de los operadores de las instalaciones y sobre sus intereses económicos. No conocemos ningún medio menos lesivo para informar a la opinión pública sobre las condiciones en las fábricas de animales y para motivar a las autoridades de persecución penal y a las autoridades veterinarias a actuar. Y es que, con frecuencia, las autoridades veterinarias solo actúan contra las infracciones de la protección animal cuando existe material de vídeo y su publicación despierta el interés público por un mayor esclarecimiento. Por ello, en la realización y difusión de estas grabaciones no vemos ninguna infracción legal, sino un deber cívico. La sentencia en este procedimiento de revisión puede influir de forma decisiva en la valoración jurídica de casos como este.

Un hito para el movimiento por los derechos de los animales

«A juicio de PETA, entrar en las explotaciones ganaderas con fines de documentación no solo está justificado, sino que es necesario. La integridad física y psíquica de los animales pesa más que el derecho de inviolabilidad del domicilio de los operadores de las instalaciones. Además, las autoridades veterinarias suelen actuar solo cuando ya existen pruebas y las circunstancias son de interés público; también en este caso las autoridades competentes no actuaron a pesar de estar mejor informadas. Los acusados tuvieron, por tanto, que actuar por sí mismos para documentar las irregularidades. Según el tribunal, es de agradecer que los defensores de los derechos de los animales dieran la cara con su nombre y no actuaran de forma anónima. Los consumidores son engañados por las mentiras del sector de la producción animal, cuando deberían estar informados sobre las condiciones reales en las explotaciones para poder tomar una decisión de compra consciente. Que los acusados tuvieran que pasar por tres instancias y fueran así criminalizados por la justicia es escandaloso. No obstante, el procedimiento de revisión probablemente influirá de forma decisiva en la valoración jurídica de casos similares; por ello, la sentencia es un hito para el movimiento por los derechos de los animales y un duro golpe contra la mafia agraria», afirma el Dr. Edmund Haferbeck, director del Departamento Jurídico y Científico de PETA.