Puestos elevados ilegales: liberar los bosques del crecimiento silvestre de la caza
En muchos bosques hay puestos elevados, plataformas y construcciones de caza que no cuentan con autorización según el derecho de planificación urbanística y que vulneran el derecho de construcción, forestal y de protección animal. Estas estructuras alteran el bosque, crean riesgos de seguridad y sirven a una caza recreativa altamente tecnificada.
1. Moción
Se encarga al Consejo de Gobierno que presente al Gran Consejo un proyecto de modificación de la ley sobre caza y protección de los animales salvajes (………), de la ley cantonal de construcción y planificación (………), de la ley forestal (………), así como de las correspondientes ordenanzas, con el fin de regular claramente en el cantón (………) el manejo de los puestos elevados y otras construcciones de caza en el bosque, hacerlo cumplir conforme a derecho y eliminar progresivamente el crecimiento silvestre existente. La revisión legislativa debe garantizar en particular
- que el cantón (………) elabore un inventario completo y de acceso público de los puestos elevados. Para cada puesto elevado deben registrarse como mínimo:
- Ubicación (parcela, coordenadas), superficie, altura, tipo de construcción y material
- Año de construcción o antigüedad estimada
- Relaciones de propiedad y sociedad de caza responsable
- Eventuales autorizaciones según el derecho de ordenación territorial, de construcción, forestal y de caza.
- que en el derecho cantonal se establezca una definición clara de las instalaciones de acecho para la caza, que distinga entre
- puestos de escalera simples y móviles, que se retiran después de la cacería y no presentan cimientos ni intervenciones en los árboles
- puestos elevados fijos, plataformas, refugios de paso y construcciones menores similares, que se consideran construcciones no forestales fuera de la zona edificable y requieren una autorización excepcional según el derecho de ordenación territorial.
- que se establezca expresamente que:
- El consentimiento del propietario del terreno o una autorización meramente comunal no son suficientes cuando se ven afectadas disposiciones del derecho federal (especialmente fuera de la zona edificable).
- Los puestos elevados con cimientos, cableado, revestimiento macizo, plataformas grandes o varios asientos se consideran construcciones menores y están sujetos a autorización obligatoria.
- Están prohibidos los clavos, tornillos, alambres, cadenas y fijaciones similares que dañen los árboles o los perjudiquen a largo plazo.
- que, con base en el derecho de planificación territorial y la jurisprudencia del Tribunal Federal, se establezca una obligación de desmantelar las construcciones de caza ilegales en el bosque. En particular, se debe prever:
- Los puestos elevados y las casetas de caza ilegales sin autorización válida deben retirarse dentro de plazos establecidos
- Los puestos elevados que vulneren intereses de protección de la naturaleza y del paisaje deben desmantelarse independientemente del año de construcción
- Los costes del desmantelamiento y de la restitución del estado conforme a la ley corren a cargo de la sociedad de caza responsable o del promotor de la construcción.
- que el Consejo de Gobierno decrete una moratoria sobre nuevos puestos elevados y construcciones de caza en el bosque hasta que
- se disponga del inventario completo de puestos elevados
- las disposiciones cantonales sobre construcción fuera de la zona edificable se hayan adaptado a RPG 2 y a los requisitos federales de ejecución
- estén en vigor criterios claramente definidos para una autorización excepcional (interés público, número mínimo, dimensiones mínimas, limitación temporal).
- que, en el marco de la práctica de autorización, se establezcan requisitos vinculantes de seguridad y protección animal, en particular
- distancias mínimas a caminos, parques infantiles, zonas habitadas y áreas protegidas
- requisitos sobre el parapeto de bala, la dirección de tiro y la elección del emplazamiento
- prohibición de alimentaciones y cebos a corta distancia de tiro de los puestos elevados
- prohibición de formas de caza desde puestos elevados especialmente problemáticas (entre otras, la espera nocturna con medios técnicos auxiliares que privan a los animales de toda posibilidad realista de huida), en la medida en que ello sea competencia cantonal.
- que las autoridades de vigilancia de la caza y de la construcción estén obligadas a realizar controles periódicos en el bosque, a registrar las construcciones ilegales y a ordenar su desmantelamiento. Las competencias entre municipios, cantón y vigilancia de la caza deben regularse claramente.
- que el cantón establezca en la formación y el perfeccionamiento de caza contenidos vinculantes sobre el derecho de planificación territorial, el derecho de construcción y forestal, los requisitos de seguridad y la protección animal en relación con las construcciones de caza.
- que el Consejo de Gobierno explique en el mensaje
- cuántos puestos elevados y construcciones de caza se presume que existen en el cantón (………) y cuántos están efectivamente autorizados
- cómo se compara la práctica cantonal con la de otros cantones (por ejemplo, Ginebra, Appenzell Rodas Interiores, Lucerna, Uri, municipios con reglamentos propios)
- Qué posibilidades existen para pasar, a medio plazo, de una caza recreativa basada en puestos elevados a una gestión profesional de la fauna salvaje siguiendo el modelo del cantón de Ginebra, donde ya no se toleran los puestos elevados privados en el bosque.
El Consejo de Gobierno tiene en cuenta en su propuesta las disposiciones transitorias necesarias, en particular los plazos para el inventario de puestos elevados, el desmantelamiento de construcciones ilegales y la adaptación de las planificaciones de caza en curso.
2. Breve justificación
El lobby de la caza recreativa presenta con gusto los puestos elevados y las torres de caza como una tradición inofensiva. Jurídicamente, se trata por lo general de construcciones o instalaciones situadas fuera de las zonas edificables y están sujetas a estrictas disposiciones del derecho de ordenación territorial, de construcción y forestal. Un acuerdo privado o una práctica local que trate el bosque como un espacio de caza cuasi privado no sustituye estos requisitos legales.
El Tribunal Federal ha aclarado en la sentencia BGE 147 II 309 que, en principio, las construcciones ilegales fuera de la zona edificable pueden ser desmanteladas y que la obligación de restablecer el estado conforme a derecho no se extingue simplemente al cabo de unas décadas. El derecho de ordenación territorial protege un principio constitucional mediante la separación entre zona edificable y zona no edificable. Tolerar construcciones ilegales perjudicaría a quienes actúan conforme a derecho y recompensaría las construcciones ilícitas.
Con la segunda etapa de la revisión de la ley de ordenación territorial (LOT 2) y la nueva ordenanza de ordenación territorial se introdujeron, por una parte, normas de prescripción y, por otra, se endureció la ejecución: los usos no autorizados deben constatarse rápidamente, prohibirse de inmediato y ordenarse su desmantelamiento sin demora. Precisamente para los nuevos puestos elevados, esto significa que las construcciones deliberadamente ilegales en el bosque no son una nimiedad, sino claramente contrarias a derecho.
La práctica de los cantones muestra un mosaico heterogéneo. Algunos cantones cuentan con folletos informativos con requisitos muy estrictos (superficie reducida, sin cimientos, sin intervenciones en los árboles), otros exigen explícitamente autorizaciones excepcionales conforme al derecho de ordenación territorial. Al mismo tiempo, en muchos bosques hay torres de caza que superan claramente estos requisitos: construcciones de varios pisos, cabañas macizas, cimientos de hormigón, árboles atornillados. Son señales de un mundo paralelo de la caza en el que el bosque público se trata como propiedad privada.
A esto se añaden aspectos de seguridad y de protección animal. Las propias asociaciones de caza y aseguradoras advierten del riesgo de caídas, de escaleras defectuosas, de la falta de un parapeto de balas y de ubicaciones mal elegidas. Desde la perspectiva de la protección animal, los puestos elevados son el instrumento central de una práctica de caza que pretende matar a los animales salvajes de forma planificada, protegida por la altura, a corta distancia y con ayudas técnicas. La caza nocturna, el cebo a distancia de tiro y los disparos dirigidos a animales que se acercan lentamente tienen poco que ver con un trato justo hacia los animales salvajes.
El cantón de Ginebra demuestra desde hace décadas que se puede hacer de otra manera. Allí se abolió la caza recreativa y se sustituyó por una gestión profesional de la fauna salvaje con guardas de fauna estatales. No existe un ejército de cazadores recreativos que instalen puestos elevados privados en el bosque. La regulación de los animales salvajes se realiza según criterios claros y bajo responsabilidad estatal.
Según el derecho federal, ningún cantón de Suiza está obligado a permitir la caza recreativa. Es derecho de los cantones decidir si autorizan la caza o no. Si un cantón decide oponerse a la caza, total o parcialmente, puede hacerlo libremente conforme a la Constitución federal. El cantón de Ginebra ya optó hace tiempo por este camino ejemplar.
La situación jurídica actual quita a los cantones cualquier excusa: los puestos elevados ilegales pueden inventariarse, evaluarse jurídicamente y desmantelarse. Lo que falta es una estrategia cantonal clara y voluntad política. Con la presente moción se encarga al Consejo de Gobierno que dé sustento legal a esta voluntad:
- mediante un inventario completo de los puestos elevados
- mediante el desmantelamiento sistemático de las construcciones de caza ilegales
- mediante una moratoria para nuevos puestos elevados hasta que se aclare la situación jurídica
- mediante estándares de seguridad y de protección animal
- mediante una perspectiva hacia una gestión profesional de la fauna salvaje.
De este modo se libera a los bosques de infraestructura de caza, se refuerzan la planificación territorial, la protección animal y la seguridad, y se abre el camino hacia una gestión moderna de la fauna salvaje, inspirada en el modelo de Ginebra.