El TJUE refuerza la protección del lobo en dos sentencias
El Tribunal de la Unión Europea ha declarado ilegal una caza del lobo en una región española. A este respecto, cabe mencionar que las poblaciones han registrado un aumento en muchas partes de Europa en los últimos años.
El ministro de Defensa Nacional de Turquía, Ismet Yilmaz, a la izquierda, y la ministra federal de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, se sientan a la cabecera de una mesa durante una reunión informativa sobre los objetivos futuros de las fuerzas de la coalición desplegadas en la base aérea de Incirlik, Turquía, durante la visita de la ministra alemana el 21 de enero de 2016. Von der Leyen acudió a la base aérea de Incirlik para visitar a las fuerzas alemanas desplegadas allí y habló sobre la importancia de la colaboración entre los socios de la coalición. (Foto de la Fuerza Aérea de EE. UU. por el sargento Jack Sanders/Publicada)
En dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo se ha confirmado este mes el estatus de especie estrictamente protegida de los lobos europeos.
La derecha política aspira a abrir la caza de la creciente población.
Según la sentencia, la región del norte de España Castilla y León no está facultada para permitir la caza del lobo mientras este esté protegido a nivel nacional. En una segunda sentencia de este tipo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha adoptado este mes una decisión en el mismo sentido.
La sentencia establece que el Gobierno de la mayor de las 17 comunidades autónomas de España, dirigida desde 1987 por el conservador Partido Popular (PP), ya no puede reconocer al lobo como pieza de caza libre para los cazadores recreativos. Para el período de 2019 a 2021 se les había asignado un cupo de 339 ejemplares en una zona al norte del río Duero.
El Gobierno español de izquierdas, por iniciativa de la ministra de Transición Ecológica y candidata a la próxima Comisión Europea, Teresa Ribera, había extendido la protección estricta a todos los lobos. No obstante, en determinadas circunstancias se permitía que las excepciones regionales ya existentes siguieran aplicándose. En su decisión, el TJUE declaró que esto constituye una infracción de la Directiva Hábitats de la UE.
En un comunicado del tribunal de Luxemburgo se señala que no se puede declarar el lobo como especie cinegética en una parte del territorio de un Estado miembro cuando el estado de conservación de la especie a nivel nacional es desfavorable.
El consejero de Medio Ambiente de la región de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confirmó la sentencia y señaló que desde la entrada en vigor de la ley nacional en 2021 ya no se ha practicado ninguna caza.
La reciente sentencia sigue a una decisión similar del TJUE del 11 de julio, en la que se declaró que no son admisibles las excepciones a la prohibición general de la caza del lobo previstas en la directiva aplicada por la provincia austriaca del Tirol.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reforzado así la protección de los lobos y ha infligido con ello un nuevo revés a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. La Comisión lleva ya tiempo intentando facilitar el abatimiento de lobos. A finales del año pasado propuso rebajar el estatus de protección de estos animales, de «estrictamente protegido» a «protegido». Sin embargo, no existe una mayoría de Estados miembros de la UE a favor del proyecto.
Con ello, los jueces argumentaron en contra de la línea que Ursula von der Leyen defiende públicamente. Hace algunos meses, la presidenta de la Comisión declaró que el regreso del lobo es una buena noticia para la biodiversidad en Europa, pero que su expansión se ha convertido en un peligro real en algunas regiones europeas, en particular para la ganadería.
Las malas lenguas afirman que el empeño de von der Leyen en este tema se debe también a que a finales de 2022 un lobo mató a su poni «Dolly». Numerosos medios informaron entonces del suceso. Poco después, la administración regional autorizó el abatimiento del lobo «GW050m». Sin embargo, el tribunal administrativo anuló la autorización de abatimiento.
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