Spreitenbach criminaliza el derecho de petición

El sistema de la petición estaba diseñado de manera que cada firma voluntaria y activa desencadenaba automáticamente un correo electrónico a la administración municipal y a los cuatro concejales: el presidente municipal Markus Mötteli (Die Mitte), la vicepresidenta municipal Doris Schmid-Hofer (FDP), así como los concejales independientes Adrian Mayr y Mike Heggli. Y también a la Umwelt Arena Spreitenbach.

En cuatro días, entre el 13 y el 17 de noviembre de 2025, llegaron por esta vía 850 correos electrónicos. Ninguna amenaza, ningún insulto, ninguna declaración falsa. Solo ciudadanas y ciudadanos que querían hacer oír su inquietud ante las autoridades competentes.

La reacción del municipio de Spreitenbach: una denuncia penal ante la fiscalía de Baden. La Umwelt Arena Spreitenbach se mantuvo en silencio. En marzo de 2026, la fiscal Valentina Tuoni, del Ministerio Público del cantón de Tesino, dictó una orden penal contra el operador de wildbeimwild.com por presunto «abuso de instalaciones de telecomunicación» según el art. 179septies del Código Penal. Se solicitaron 30 días-multa de 30 francos suizos cada uno (total 900 francos suizos, en suspenso durante 3 años), una multa de 100 francos suizos, así como costas judiciales de 300 francos suizos. Al mismo tiempo, se presentó oposición dentro del plazo establecido. El caso pasa así a los tribunales, donde se convertirá en una decisión de principio sobre la admisibilidad del compromiso ciudadano digital en Suiza.

Es llamativo lo que el consejo municipal no hizo: no bloqueó la dirección del remitente, ni configuró un filtro (ambas cosas se podrían haber resuelto con pocos clics), ni tampoco se puso en contacto con wildbeimwild.com. En cambio, optó por acudir a la fiscalía. Esto no es una falta de conocimientos técnicos. Es una decisión política. Quien responde a las inquietudes de la ciudadanía con el derecho penal envía un mensaje inequívoco: la crítica no es bienvenida. Este proceder tiene un nombre. Los expertos hablan de «SLAPP» (Strategic Lawsuit Against Public Participation): demandas que no pretenden ganar ante un tribunal, sino silenciar a quienes critican.

A modo de comparación: el presente caso muestra una desproporción flagrante respecto a la práctica jurídica suiza: en primer lugar, la plataforma suiza Campax (campax.org) lanzó en diciembre de 2025 una campaña de correos electrónicos en la que unas 1.180 personas enviaron manualmente correos electrónicos a determinados consejeros de Estado utilizando una plantilla proporcionada, estructuralmente idéntica al sistema de peticiones de wildbeimwild.com. No se presentó ninguna denuncia penal contra Campax ni contra los remitentes.

En segundo lugar, ese mismo mes el Palacio Federal fue inundado con aproximadamente 500.000 correos electrónicos con remitente, calificados por la delegación administrativa del Parlamento como un «ciberataque». El consejero de Estado del UDC Werner Salzmann recibió por sí solo unos 1.700 de estos correos. Ni el Palacio Federal ni ningún parlamentario en particular presentaron denuncia penal. En cambio, el municipio de Spreitenbach sí presentó una denuncia penal a raíz de 850 correos electrónicos comprobadamente auténticos de personas reales que habían firmado voluntariamente una petición de protección animal. En estas circunstancias, no se aprecia una aplicación coherente del derecho conforme al art. 8 de la Constitución Federal (igualdad ante la ley) ni al art. 5, apdo. 2, de la Constitución Federal (proporcionalidad).

Atender las inquietudes de la ciudadanía forma parte de la tarea esencial de los políticos electos.

Los concejales municipales son elegidos por la ciudadanía para ocuparse de las preocupaciones de la población, no para presentar denuncias penales en su contra. Quien ostenta un mandato político tiene la obligación de recibir las inquietudes de los ciudadanos, incluso las incómodas, incluso las molestas. Markus Mötteli (Die Mitte), Doris Schmid-Hofer (FDP), Adrian Mayr y Mike Heggli han utilizado en su lugar el instrumento del derecho penal contra personas comprometidas con la protección animal, contra personas que no han hecho más que ejercer su derecho constitucional de petición. Eso no es ejercicio del cargo. Eso es intimidación.

El argumento jurídico decisivo en contra lo aportan, precisamente, dos autoridades federales. La Oficina Federal de Comunicaciones (BAKOM) es inequívoca: «El envío masivo de comunicaciones políticas o religiosas nunca se considera, en principio, spam». Solo los envíos publicitarios podrían calificarse como tales. La Secretaría de Estado de Economía (SECO) lo confirma y remite a la Ley federal contra la competencia desleal (LCD): las disposiciones sobre spam solo se aplican, según esta, cuando los correos electrónicos persiguen una finalidad económica. En su sitio web, el SECO precisa: «Si su publicidad no es idónea para influir en la competencia económica, no está obligado a cumplir las disposiciones sobre spam». Además de los contenidos políticos, según el SECO también quedan excluidas las comunicaciones religiosas.

Una petición de protección animal no es publicidad comercial. No influye en la competencia económica. Los correos electrónicos, por tanto, simplemente no están sujetos a la legislación sobre spam, según la valoración oficial de las dos autoridades federales competentes. No se puede fundamentar una responsabilidad penal conforme al art. 179septies del Código Penal sobre la base de un acto que ni siquiera infringe la prohibición civil del spam. El BAKOM y el SECO lo dicen con claridad: esto no fue spam.

A esto se añade que el art. 179septies del Código Penal exige expresamente que el hecho se cometa «por maldad o por mero capricho». Cada uno de los correos electrónicos fue enviado por una persona real, de forma activa, voluntaria y con pleno conocimiento de su finalidad. No existe intención de causar daño, ni esta puede demostrarse. La plataforma permitió la participación democrática en una causa de protección animal, ni más ni menos.

El derecho de petición está consagrado en el art. 33 de la Constitución Federal, y la libertad de expresión en el art. 16 de la CF. El reenvío automático de firmas de peticiones a las autoridades competentes es una forma reconocida y ampliamente extendida de participación digital, empleada por numerosas plataformas de la sociedad civil en todo el mundo. Criminalizar esta práctica supondría una restricción desproporcionada del derecho de petición en su ejercicio digital. Además, la administración municipal de Spreitenbach podría haber filtrado los correos electrónicos en cualquier momento, haberlos redirigido a una carpeta separada o haber bloqueado al remitente con unos pocos clics. Una denuncia penal no es un medio proporcionado, tal como establece expresamente el art. 5 apdo. 2 de la CF.

Cuando un municipio presenta una denuncia penal porque una petición ciudadana se vuelve demasiado incómoda, y una fiscalía de otro cantón dicta a raíz de ello una orden penal que la OFCOM y la SECO refutan en cuanto al fondo, eso no es casualidad ni una infracción menor. Es un ataque contra el fundamento de la democracia digital. El caso de Spreitenbach se convierte en un precedente: ¿puede criminalizarse en Suiza una plataforma de peticiones por el simple hecho de ser demasiado eficaz?

El recurso ya ha sido presentado. La respuesta la dará el tribunal. Y queda una pregunta: ¿qué dice sobre las prioridades, la cualificación y la comprensión de la democracia de un consejo municipal que no es capaz de bloquear a un remitente de correo electrónico, pero sí de presentar una denuncia penal?

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