Cazadores de aves condenados en Malta: victoria contra la caza furtiva
La semana pasada, el tribunal de La Valeta dictó una sentencia importante en la lucha contra la captura ilegal de aves: un cazador de aves de Mgarr fue condenado a una multa de 2.000 euros por capturar pinzones durante la temporada de veda en septiembre de 2022, y además se le impuso una prohibición de captura durante tres años.
La Campaign Against Bird Slaughter (CABS), cuyos colaboradores actuaron como testigos, acogió expresamente la condena y elogió a la policía por su labor coherente.
«Es una señal importante de que las prácticas ilegales no quedan impunes», declaró el presidente de la CABS, Karl-Heinz Kreutzer.
Paralelamente, la CABS publicó un análisis exhaustivo de los últimos once años: entre 2014 y 2024, la organización denunció 1’000 casos de prácticas ilegales de caza– y captura, de los cuales 347 casos llegaron efectivamente a los tribunales. Entre ellos se encontraban 298 procedimientos por colocación ilegal de trampas, 34 relacionados con infracciones de caza y 15 casos de posesión o comercio ilegal de especies protegidas.
De los 347 procedimientos, 217 dieron lugar a condenas, 63 acusados fueron absueltos y 67 procedimientos siguen pendientes o su resultado se desconoce. Cuatro procedimientos fueron archivados porque los acusados fallecieron antes de la lectura de la sentencia, y en otros cuatro casos había prescrito el delito.
Las sanciones fueron diversas: además de multas que sumaron en total más de 300.000 euros, se impusieron penas de prisión, se retiraron licencias de caza y captura, y se confiscaron escopetas, redes, trampas y otros dispositivos de captura. Así se pudieron salvar miles de aves protegidas vivas y devolverlas a la libertad. A pesar de su intensa colaboración, los colaboradores y voluntarios de la CABS nunca recibieron ni solicitaron una indemnización por su condición de testigos.
La CABS subraya que estas cifras representan solo una parte del problema, ya que no incluyen las denuncias de ONG locales como BirdLife Malta o la Ranger’s Unit. Kreutzer destaca el papel central de las ONG en la protección del patrimonio natural maltés:
En un mundo ideal, todas estas condenas deberían lograrse mediante una labor policial proactiva. Lamentablemente, los agentes de la EPU (antes ALE) están muy limitados: no pueden trabajar de paisano, disponen de equipamiento insuficiente para realizar vigilancias y no pueden actuar ni en Gozo ni de noche. Sin apoyo político y recursos suficientes, los cazadores furtivos seguirán beneficiándose.
La sentencia contra el capturador de aves de Mgarr es un paso pequeño pero importante en la lucha contra la captura ilegal de aves. No obstante, las estadísticas de 11 años muestran que la protección de la avifauna autóctona en Malta sigue dependiendo en gran medida del compromiso de la sociedad civil, y que las estructuras estatales quedan aún muy por detrás de las medidas necesarias.
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