¿Cuánto nos cuesta la caza de afición? Los Grisones solo calculan en una dirección
El cantón de los Grisones ha gastado desde 2012 más de 17 millones de francos en vallas, redes y tubos de plástico para proteger el bosque de los ungulados. Una iniciativa en el Gran Consejo exige ahora que se revelen todos los costes derivados. Lo que nadie quiere revelar: el balance de un instrumento que lleva 37 años sin alcanzar su propio objetivo.
Consta negro sobre blanco en la iniciativa 2026-22, presentada el 23 de abril de 2026 en el Gran Consejo de los Grisones: ya en 1989 el Gobierno decidió reducir el número de ciervos, la especie de ungulados más frecuente.
A pesar de ello, esta cifra ha seguido aumentando desde entonces en torno a un 50 por ciento.
La frase no proviene de defensores de los animales. Proviene de Martin Kreiliger, ingeniero forestal, director de la Fundación Bergwaldprojekt y diputado del PS por Disentis, respaldado por otros 46 miembros del Consejo de prácticamente todos los grupos parlamentarios.
Durante treinta y siete años, la caza de afición fue el instrumento con el que el cantón debía aplicar esta decisión. El resultado es lo contrario de lo acordado. En cualquier otro ámbito político esto sería un caso para la Comisión de Gestión.
Quién reduce realmente la población
Solo desde 2021 disminuye la población de ciervos, concretamente en un 17 por ciento. La iniciativa señala las causas literalmente: «La razón es una caza selectiva, así como la creciente influencia de los grandes predadores lobo y lince.»
Con ello, en un documento parlamentario oficial consta lo que las asociaciones de caza niegan desde hace años: los predadores logran de forma mensurable lo que la caza de afición no consiguió en tres décadas. El Gobierno no contradijo con una sola palabra esta afirmación en su respuesta del 15 de junio de 2026.
El cálculo de costes con una sola columna
Kreiliger exige del Gobierno que en el futuro se revelen todas las consecuencias financieras de la influencia de la fauna silvestre: los costes de los estudios de daños causados por la fauna, de las medidas de sustitución silvícolas y estructurales, de la reducción del rendimiento del bosque protector y de la disminución de la producción maderera.
Lo que la iniciativa no exige: una sola cifra sobre la propia caza como afición. Ni los gastos administrativos de la Oficina de Caza y Pesca. Ni los costes de la vigilancia de la fauna. Ni las indemnizaciones por daños causados por la fauna. Ni los gastos de la administración cinegética. Ni tampoco la cuestión de qué proporción de la perturbación de la fauna causada por la caza contribuye al ramoneo en los bosques protectores, cuando los animales se refugian en zonas de plantación joven por motivos de protección.
El sector público debe hacer balance de lo que cuesta la fauna silvestre. Lo que cuesta la matanza de la fauna queda fuera del círculo contable.
La partida de subvenciones que desde hace cuatro años nadie cuantifica
En la respuesta del Gobierno figura un detalle que falta en la información difundida hasta ahora. Desde 2022, la Confederación y el cantón ya no pagan el 80 por ciento en la conservación de los bosques protectores, sino el 90 y, en parte, el 100 por ciento, expresamente como consecuencia de la «Estrategia Hábitat Bosque-Fauna 2021».
Estos costes adicionales solo se declararán en el informe breve a partir de 2027. Es decir, se acumulan desde hace cuatro años sin que el público ni el Parlamento conozcan la suma. Se suman a los ya documentados 17 millones que, según la Oficina de Bosques y Peligros Naturales, aumentaron solo en 2025 en otros 1,6 millones de francos, un once por ciento más que el año anterior y un diecisiete por ciento por encima de la media de diez años.
Cuando las proyecciones son inadmisibles, salvo que se llamen de otra manera
El Gobierno solicita que se apruebe el punto 1 del encargo y se modifique el punto 2. Debe suprimirse una única frase subordinada: «proyecciones similares a los modelos de pronóstico económico». Justificación: tales relaciones no podrían «registrarse con la calidad requerida».
Dos párrafos más arriba, ese mismo Gobierno anuncia que a partir de 2027 ofrecerá una «monetización del efecto a largo plazo de la influencia de la fauna silvestre», «basada en ejemplos de casos que registran los costes adicionales durante 50 años en los bosques protectores».
Un pronóstico a cincuenta años es, metodológicamente, una proyección. El Gobierno rechaza el instrumento y lo aplica en el mismo documento. La diferencia está en la etiqueta, no en el método.
Un encargo que ya se aprobó una vez
En abril de 2021, el Gran Consejo remitió una moción de Josias Gasser con 100 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Ya entonces exigía que se detallaran los costes derivados de los daños causados por la fauna salvaje.
Cinco años después, hay que volver a exigir lo mismo. Una moción parlamentaria remitida por unanimidad se ha aplicado sólo parcialmente, y el Parlamento debe insistir para conseguir lo que ya había decidido.
Lo que el debate de agosto debería aclarar
El Gran Consejo tratará la moción previsiblemente en la sesión de agosto de 2026. Tres cuestiones deberían ponerse sobre la mesa, cuestiones que ni la moción ni la respuesta del Gobierno plantean:
Si la caza de hobby ha incumplido en un cincuenta por ciento el objetivo fijado en 1989, ¿por qué sigue siendo el instrumento rector de la regulación de las poblaciones? La cuestión es tanto más urgente cuanto que en biología de la fauna se sabe desde hace tiempo que las poblaciones de ungulados fuertemente cazadas reaccionan con una mayor reproducción. Quien extrae anualmente una parte considerable de la población alivia a los animales restantes y acelera su reproducción. De la documentación publicada no se desprende si la planificación cinegética de los Grisones tiene siquiera en cuenta este efecto.
En segundo lugar: si el lobo y el lince reducen demostrablemente la población, ¿por qué se sigue autorizando precisamente su abatimiento, mientras que el instrumento que fracasa desde 1989 permanece intacto?
En tercer lugar: ¿por qué se pretende establecer una verdad de los costes que excluye sistemáticamente uno de los dos bloques de costes?
Una transparencia que sólo cuenta en una dirección no es transparencia. Es contabilidad con un resultado predeterminado.
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