4’616 ciervos: lo que revela la planificación cinegética de los Grisones y lo que no demuestra

El cantón de los Grisones prevé matar en 2026 a 4’616 ciervos rojos.

Entre ellos hay 2’514 hembras. La población estimada en primavera se cifra en 13’485 ciervos rojos, frente a los 13’585 del año anterior. Las cifras son públicas: la Oficina de Caza y Pesca publica su planificación, las hipótesis de población y las bases jurídicas en materia cinegética.

Pero una cifra de abatimientos publicada no constituye todavía una prueba de que matar a 4’616 animales salvajes sea ecológicamente necesario, eficaz o éticamente defendible. Detrás de esa cifra fría hay un sistema compuesto por la caza alta, la caza especial, las cuotas de abatimiento y una caza de ocio organizada por el Estado. Ese sistema convierte a animales sintientes en «piezas», a madres y crías en «categorías», y a una práctica violenta en una cuestión de cumplimiento de la planificación.

Un examen crítico de la planificación cantonal, de la normativa cinegética y de los resultados de caza muestra que la administración cinegética de los Grisones revela mucha información. Lo que falta es la prueba independiente de que precisamente esta forma de caza alcanza los objetivos que se le atribuyen y de que no existen alternativas más respetuosas con la fauna salvaje.

La caza especial no es un desliz puntual

La caza mayor grisona se celebra en septiembre. Después, el departamento competente decide, en función de los resultados de la caza mayor, si se ordena una caza especial y dónde. Para 2026 es posible, según la región, entre el 31 de octubre y el 20 de diciembre; por cada zona se prevén un máximo de diez medias jornadas de caza.

Jurídicamente, la caza especial es, pues, una segunda fase de caza que debe ordenarse por separado. No tiene lugar de forma automática. Sin embargo, política y organizativamente no constituye un estado de excepción ajeno al sistema, sino un instrumento firmemente previsto en el sistema cinegético grisón. La cuestión no es, por tanto, si el cantón publica su base legal. Lo hace. La pregunta es otra: ¿por qué la caza mayor ordinaria resulta tan a menudo insuficiente para alcanzar los objetivos fijados por la propia autoridad?

El año cinegético 2023 muestra la magnitud que puede alcanzar esta segunda fase. El plan cantonal de abatimiento preveía 5’278 ciervos rojos. Para el llamado cumplimiento cualitativo del plan debían abatirse al menos 3’050 ciervas. Al término de la caza mayor, el cantón declaró que durante la caza especial aún debían matarse 2’218 ciervas y sus crías para que se cumpliera el mandato cinegético.

Al final, según la evaluación cantonal detallada, se abatieron 4’928 ciervos rojos. El cumplimiento cuantitativo del objetivo se situó en el 93,4 por ciento. De los 3’050 animales hembra previstos se abatieron 2’463. El cumplimiento cualitativo del objetivo, especialmente relevante para la regulación, se situó así en el 80,8 por ciento. El comunicado de prensa cantonal citó un resultado global casi idéntico, de 4’909 ciervos.

Esto no demuestra que la caza especial sea imprescindible cada año. Sí muestra, en cambio, que la segunda fase de caza desempeña un papel considerable en cuanto la caza mayor no aporta el número deseado de animales hembra. El cantón la califica de instrumento de regulación. Desde la óptica de la protección animal se plantea otra pregunta: ¿por qué no se examina primero seriamente si los períodos de caza, las zonas de tranquilidad, la reducción de las molestias o la organización de la caza mayor podrían modificarse de tal modo que la posterior caza de ciervas y crías resultara superflua?

El «elevado efectivo» necesita contexto

La planificación cantonal estima la población primaveral de 2026 en 13’485 ciervos rojos. Respecto al año anterior, eso supone un descenso de 100 animales. El cantón sitúa la cifra actual dentro de su estrategia «Hábitat bosque-fauna» y la valora como parte de una reducción de la población perseguida desde 2020.

Pero las cifras de población no son recuentos directos de individuos. Se basan en tasaciones, cupos de caza, animales hallados muertos, observaciones regionales y supuestos de cálculo. Son importantes para la planificación, pero no poseen la precisión que los debates políticos suelen sugerir. Una estimación de 13’485 animales no significa que vivan exactamente 13’485 ciervos rojos en el cantón ni que de ello se derive necesariamente la muerte de exactamente 4’616 animales.

También la evolución histórica desmiente una retórica alarmista sencilla. La población de ciervo rojo en los Grisones nunca ha seguido una línea recta. La serie temporal de la BAFU muestra a lo largo de décadas fases de aumento y de descenso: de apenas 10’000 animales a finales de los años sesenta a unos 15’000 a finales de los setenta y principios de los ochenta, después claramente por debajo, y más tarde de nuevo hasta un máximo de unos 16’600 animales entre 2017 y 2019. Desde entonces, según las estimaciones cantonales, la población ha retrocedido.

El valor actual se sitúa así muy por debajo del máximo más reciente y dentro de una franja de fluctuación visible a largo plazo. De ello no se deduce que no puedan existir problemas locales. Pero la afirmación de una «sobrepoblación» extraordinaria, que forzosamente deba resolverse mediante la caza de afición, no queda demostrada con una única cifra global.

Aún más claro resulta al observar los cupos de caza. Mientras que en los años treinta y cuarenta se abatían por lo general solo unos cientos de ciervos rojos al año, hoy las matanzas alcanzan con regularidad varios miles de animales. Hacia 2018 llegaron a unos 6’500 ejemplares. Sin embargo, el aumento de los cupos de caza no demuestra automáticamente un aumento correspondiente de la población. Lo que muestra, en primer lugar, es hasta qué punto se ha ampliado, con crueldad hacia los animales, la extracción organizada por el Estado.

La caza no es un regulador neutral

La autoridad cinegética trata la caza de afición como un instrumento de regulación de la población. También la guía de aplicación de la BAFU describe la regulación del ciervo rojo mediante varios criterios: proporción de sexos, porcentaje de crías y una extracción que, según el objetivo perseguido, debe situarse por encima del incremento anual.

Pero una cifra de abatimientos no equivale sin más a una reducción de los efectivos. Las poblaciones de animales salvajes reaccionan ante intervenciones intensas. Cuando compiten menos animales por el alimento, los supervivientes pueden tener mejor acceso a la comida, atravesar el invierno en mejor condición física y reproducirse antes o con mayor éxito. Estas respuestas compensatorias son bien conocidas en biología de poblaciones.

Esto no significa que cada abatimiento carezca de efecto ni que la caza conduzca necesariamente a un aumento de los efectivos. La magnitud de estos efectos depende de la densidad, la estructura de edades, la proporción de sexos, la oferta de alimento, el clima, el hábitat, los desplazamientos y los depredadores. Para los Grisones, esta pregunta solo puede responderse con datos regionales a largo plazo.

Precisamente por ello resulta problemático que la caza se confirme a sí misma como instancia reguladora exitosa a partir de las cifras de abatimientos. Una elevada cifra de capturas no demuestra que se haya resuelto un problema. Demuestra, en primer lugar, que se ha matado a muchos animales. Lo decisivo serían respuestas independientes a otras preguntas: ¿disminuye el ramoneo en las superficies forestales realmente afectadas? ¿Cambian la densidad de la fauna salvaje y el uso del espacio? ¿Qué papel desempeña la perturbación causada por la caza? ¿Y qué proporción corresponde al invierno, al hábitat y a los depredadores?

El lobo y el lince forman parte de ello

El propio cantón reconoce que los depredadores forman parte de la dinámica de los efectivos. Las disposiciones sobre el ejercicio de la caza señalan que, en las regiones con manadas de lobos, las crías son a menudo capturadas por los lobos durante sus primeras semanas y meses. En las regiones de Surselva, Mittelbünden y Heinzenberg, la proporción de hembras del plan de abatimiento se redujo por ello del 60 al 50 por ciento.

Esto es más que un ajuste técnico. Muestra que la caza no es la única fuerza que influye en el número y la estructura de una población de ciervos. Los lobos y los linces modifican la mortalidad de las crías, el uso del espacio y el comportamiento de los ungulados. Las pérdidas invernales, el alimento, la calidad del hábitat y los movimientos migratorios también influyen.

El descenso de la población de ciervo rojo desde el último máximo no puede atribuirse, por tanto, a una única causa. La caza puede influir en él. Los depredadores pueden influir en él. También la mortalidad invernal, el hábitat y la planificación cantonal actúan simultáneamente. Por ello resulta engañoso que la caza de afición se apunte el descenso de los efectivos como un éxito propio de regulación.

Precisamente la presencia del lobo y del lince cuestiona el viejo relato cinegético según el cual el ser humano, como cazador de afición armado, resulta imprescindible para establecer «el equilibrio». Los depredadores no son una perturbación de un supuesto sistema natural de caza. Forman parte de ecosistemas que funcionan, y cumplen su papel sin trofeos, sin licencias ni cupos de abatimiento.

El engaño de la etiqueta de «plaga forestal»

Para justificar cifras elevadas de abatimientos, se declara a menudo al ciervo rojo plaga forestal. Se dice que obstaculiza la regeneración del bosque protector, que provoca daños por ramoneo y que pone así en peligro la seguridad y las infraestructuras. Este relato suena sencillo. La realidad ecológica no lo es.

Los conflictos entre bosque y fauna salvaje no surgen únicamente del número de animales. También son decisivos la estructura del bosque, las especies arbóreas, la oferta de alimento, los espacios de descanso y refugio, el uso turístico, los trabajos forestales, el tráfico, la alimentación artificial, los depredadores y la intensidad de la caza de afición. Quien reduce el ramoneo a un número supuestamente excesivo de ciervos rojos ignora todos estos factores.

La caza de afición puede empujar a los animales salvajes precisamente hacia zonas problemáticas. La investigación muestra que los ciervos reaccionan a la presión cinegética con huida, mayor estado de alerta y actividad alterada. Se desplazan a zonas menos perturbadas, aprovechan la cobertura densa y se vuelven más nocturnos. Por ello resulta plausible que la caza de afición influya en dónde y cuándo se alimentan los ciervos rojos, posiblemente justo en aquellas superficies forestales cuyo ramoneo sirve después como argumento para nuevos abatimientos.

Esto no significa que la caza de afición sea la única causa del ramoneo. Pero forma parte del problema que pretende resolver. Quien quiera proteger el bosque protector debe tomarse tan en serio la perturbación, la calidad del hábitat y el uso del espacio por parte de los animales como las cuotas de abatimiento. Una política que primero genera inquietud y después utiliza la reacción de los animales como justificación para matarlos no es una política de fauna salvaje neutral.

Cuando los animales se convierten en bayas

Lo frágil que resulta la afirmación de una «regulación» ecológicamente necesaria queda patente en la caza menor. Afecta a especies como la liebre común, el zorro, el tejón, la marta, el urogallo lira, la perdiz nival, la paloma torcaz, la corneja, la urraca, el cormorán, el ánade real y otros animales. Las normativas cinegéticas de los Grisones no liberan, por tanto, únicamente a los ungulados, respecto de los cuales la caza de afición al menos invoca retóricamente objetivos forestales o de gestión de poblaciones.

El expresidente de la asociación de cazadores con patente de los Grisones, Robert Brunold, resumió esa postura en 2015 ante SRF. La caza menor no es necesaria, pero sí legítima. También cabría preguntarse, dijo, si tiene sentido recoger bayas y setas en el bosque. Con la caza menor se aprovecha un «producto natural».

Esta comparación revela más de lo que pretende ocultar. Las bayas y las setas no sienten miedo. No huyen de las personas, no reciben disparos, no se desangran, no cuidan crías ni viven en relaciones sociales. Un zorro no es un fruto del bosque. Una liebre no es una despensa. Un urogallo lira no es un «producto» que haya que gestionar.

Brunold hablaba expresamente de una caza de afición que él mismo no calificaba de necesaria. Con ello desaparece el argumento protector de la regulación. Lo que queda es una práctica en la que se mata a animales porque las personas reivindican esa muerte como tradición, actividad de ocio o apropiación permitida.

Justo ahí se muestra el núcleo de la caza de afición. No es simplemente una medida técnica para proteger el bosque. Es una práctica de violencia protegida cultural y políticamente que declara a los animales presa disponible. La caza menor desenmascara así el relato de la regulación: allí donde no se alega ninguna necesidad, sólo queda el placer de disponer de la vida y de la muerte.

Sufrimiento animal con sistema

El lenguaje de la planificación cinegética es aséptico: «plan de abatimientos», «autorización», «categorías», «resultado de caza», «cumplimiento cualitativo de objetivos». Hace desaparecer lo que esas palabras significan: se acosa a los animales, se los asusta, se los separa unos de otros, se los hiere de bala, se los mata o se los abandona heridos.

Durante la caza mayor de 2022 se abatieron en los Grisones casi 9’200 ciervos, rebecos, corzos y jabalíes. Alrededor de 790 de ellos —casi uno de cada diez abatimientos— eran animales que, según la normativa cinegética vigente, no eran cazables. Un biólogo de fauna salvaje de la Oficina de Caza y Pesca declaró a SRF que esa proporción es «cada año más o menos la misma».

No todo animal no cazable equivale a una infracción intencionada. Pero la cifra revela un problema estructural. Además, no abarca toda la dimensión del sufrimiento animal. Los disparos que sólo hieren al animal, las búsquedas posteriores y los animales que escapan heridos y no son encontrados constituyen un capítulo aparte. Una caza de afición en la que, según los datos de las autoridades, aproximadamente uno de cada diez abatimientos afecta con regularidad a un animal no cazable, no puede presentarse de forma creíble como una práctica precisa, controlada y «conforme a la ética venatoria».

En la caza especial la cuestión ética se agrava. Allí la caza de afición se dirige además, según la región y la categoría, a ciervas y crías. Estas autorizaciones van más allá de las categorías vigentes durante la caza alta. El sistema aumenta la presión precisamente cuando no se ha alcanzado la cuota de abatimiento fijada por las autoridades.

Desde la perspectiva de la protección animal, esto resulta especialmente problemático: la autorización legal no impide que se vean afectadas las madres y las crías que dependen de ellas. Además, tiene lugar en una época del año en la que los animales salvajes deben ahorrar energía y prepararse para el invierno. Mientras que en otoño la caza de afición invoca la «ética venatoria», amplía sus intervenciones en cuanto la cuota no cuadra.

La estadística de la BAFU registra para los Grisones, adicionalmente, «abatimientos especiales». En varios años, en particular entre 2007 y 2020, éstos no afectaron solamente a machos, sino también a hembras y crías. La estadística no refleja la totalidad de la caza especial. Sin embargo, muestra que las intervenciones adicionales afectaron repetidamente justo a aquellos grupos de animales que son decisivos para la descendencia, la organización social y la reproducción de una población de ciervos.

Por qué el placer de matar no es un motivo de ocio inofensivo

Las personas que sienten placer al matar seres vivos y que pagan por hacerlo no muestran, desde el punto de vista psicológico, un comportamiento de ocio normal. Este comportamiento contradice mecanismos fundamentales de empatía, compasión e inhibición moral, tal como están presentes en la mayoría de las personas psíquicamente sanas. Psicológicamente se trata de un comportamiento violento desviado, aunque sea tolerado política o culturalmente.

El placer de matar es un rasgo clásico de la violencia basada en el disfrute. El propio acto violento resulta gratificante: no el resultado, no una supuesta necesidad, sino el hecho de matar. No se trata de un fenómeno marginal, sino de algo claramente descrito en la psicología de la violencia.

No toda persona que caza vivirá el acto de matar de la misma manera ni lo nombrará abiertamente como un placer. Pero quien vive la caza por afición precisamente como el placer de abatir, como adrenalina, triunfo o satisfacción personal, muestra una motivación violenta psicológicamente problemática. Esta se sitúa histórica y estructuralmente cerca de formas de pensamiento autoritarias y degradantes, porque convierte al ser vivo matado en un medio para la propia satisfacción.

Conclusión

La cifra de 4’616 no es un secreto. Los Grisones la publican, la justifican con sus propias estimaciones de población y la integran en su estrategia bosque-fauna. Eso es mejor que una política ejercida en la sombra. Pero la transparencia sobre la cifra no equivale a demostrar su necesidad.

Una planificación de abatimientos publicada por las autoridades muestra cuántos animales quiere el cantón que se maten. No demuestra automáticamente que estas matanzas sean la respuesta más benigna, más eficaz o éticamente defendible a las cuestiones del bosque y de la fauna silvestre. Tampoco demuestra que la segunda fase de caza sea imprescindible, que las molestias causadas por la caza no contribuyan al ramoneo o que la caza por afición tenga suficientemente en cuenta su propia influencia sobre la dinámica poblacional y el uso del espacio.

El verdadero escándalo no reside en una sola cifra. Reside en la normalización política de un sistema que cada año convierte a miles de animales silvestres sintientes en partidas de un plan. La caza especial debe ordenarse jurídicamente por separado, pero está firmemente prevista como segundo instrumento dentro del sistema cinegético. La caza menor muestra además que la caza por afición no gira únicamente en torno a una supuesta regulación, sino también en torno a la matanza socialmente permitida de animales que incluso sus propios representantes califican de innecesaria.

Mientras la autoridad cinegética se mida sobre todo por cuotas de abatimiento y no exista un balance independiente y completo sobre las molestias causadas por la caza, los efectos en el bosque, los disparos erróneos, los animales heridos, las búsquedas de rastro y el sufrimiento animal, la cifra de 4’616 seguirá siendo para nosotros la contabilidad de un ritual sectario.