Autor de un atentado, de caza mayor: el caso Lavitola muestra el lado oscuro de la caza de afición

Dos elefantes machos, un león y un leopardo: estos animales figuraban en una autorización especial que, según las investigaciones del portal italiano MowMag, fue expedida el 30 de octubre de 2025 por la Parks and Wildlife Management Authority de Zimbabue.

Como cliente figura en el documento el empresario y antiguo editor italiano Valter Lavitola, con domicilio en Roma y pasaporte italiano.

Apenas dos semanas antes, el 16 de octubre de 2025, había estallado un artefacto explosivo delante de la vivienda del periodista televisivo Sigfrido Ranucci en Pomezia, cerca de Roma. Ranucci presenta el programa «Report» de la Rai, uno de los formatos de investigación más conocidos de Italia.

Lavitola fue detenido en agosto de 2026. La Fiscalía de Roma lo considera el presunto instigador del atentado; se le imputa, entre otros, el delito de «strage» (masacre), agravado por el modus operandi mafioso. En su declaración ante la jueza de instrucción, el 12 de agosto de 2026, Lavitola habría admitido haber organizado el atentado.

Una confesión que no convence a la justicia

Según informan los medios italianos, Lavitola declaró que no había encargado la colocación de un artefacto explosivo, sino disparos contra la casa de Ranucci. Como motivo alegó que quería ayudar así a su amigo Ranucci a obtener una mayor protección personal, porque supuestamente corría peligro.

La jueza de instrucción de Roma calificó esta versión, en su resolución del 13 de agosto de 2026, de «fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro» – vagas, absolutamente indeterminadas y carentes de cualquier indicio concreto y verificable. Por ello mantuvo a Lavitola en prisión preventiva y rechazó la solicitud de arresto domiciliario; entre los motivos del riesgo de fuga citó, entre otros, su amplia red internacional de contactos.

Una confesión no es una sentencia firme, y la valoración penal definitiva corresponde a los tribunales competentes. No obstante, las diligencias de investigación realizadas hasta ahora, la prisión preventiva y la apreciación judicial muestran que la justicia italiana trata el caso como algo grave.

Autorización número 803/2025

Según MowMag, la autorización especial llevaba el número 803/2025 y permitía una cacería del 1 al 20 de noviembre de 2025 en la concesión de Mutema, en el sur de Zimbabue: un elefante macho, un leopardo macho, un león macho. A ello se añadía otro elefante calificado de «bonus» en la concesión de Chibuwe. Como cazador profesional responsable figura un hombre llamado Sherpard Katsidzira, con licencia número 169, y como proveedor Elephant Trails Safaris.

En el programa vespertino TG1 de la Rai del 24 de agosto de 2026 se mostraron imágenes que supuestamente muestran a Lavitola armado en África y junto a animales abatidos. No está públicamente acreditado de forma concluyente si realmente se mató a los cuatro animales autorizados; la autorización documenta, de entrada, únicamente el permiso para cazar.

Estas fotografías de trofeos forman parte de la autoescenificación pública de la industria mundial del turismo de caza por afición. El animal muerto sirve de símbolo de estatus con el que se exhiben riqueza y poder de disposición.

Una coartada cuestionable para la financiación

El antiguo socio comercial zimbabuense de Lavitola, Benjamin Chimutengo, declaró a MowMag que Lavitola le habría pedido que pagara su viaje privado de caza con unos 9’300 dólares estadounidenses procedentes de fondos de la empresa común Future Awaits, que en realidad estaban destinados a proyectos de créditos de carbono. Cuando Chimutengo lo cuestionó, Lavitola habría explicado que un médico en Italia le había pronosticado apenas unos meses de vida y que por eso quería ir de caza. Chimutengo calificó ante MowMag esa justificación de poco creíble y el procedimiento de desvío de fondos societarios.

Estos datos proceden de un antiguo socio comercial y no han sido establecidos judicialmente. Sin embargo, encajan en un panorama más amplio: según Chimutengo, el interés de Lavitola en Zimbabue se centró originalmente en la caza de trofeos, los safaris y la compra de unos 5’000 acres de terreno agrícola, antes de desplazarse hacia el negocio, aparentemente más lucrativo, de los créditos de carbono, con sociedades como Future Awaits Zimbabwe, Future Awaits South Africa y Afrocarbon Solutions, ampliado incluso hasta Camerún.

Investigaciones sobre el patrimonio y los flujos de dinero

Las autoridades italianas de investigación intentan reconstruir el patrimonio de Lavitola y el origen de los fondos destinados a sus proyectos africanos. Precisamente en esta intersección el caso adquiere relevancia más allá del episodio aislado de una caza de trofeos: cuando la caza mayor, entramados empresariales opacos, flujos internacionales de dinero y un atentado contra un periodista crítico aparecen dentro de la misma red, el safari ya no puede considerarse de forma aislada como una actividad privada de ocio.

Legal, pero no inofensivo

La caza de elefantes, leones y leopardos por parte de hobby hunters está permitida en Zimbabue dentro de las cuotas y autorizaciones fijadas por las autoridades; ninguna de las tres especies figura allí como «specially protected animal». El sistema se defiende con los ingresos que supuestamente deberían beneficiar a la conservación de la naturaleza y a las comunidades locales. Sin embargo, la legalidad no responde a la pregunta ética de si viajeros acomodados deberían tener el derecho de hacer matar, a cambio de sumas elevadas, a animales salvajes socialmente complejos y en parte ecológicamente relevantes. El dossier sobre el turismo de hobby hunting muestra por qué promesas de ingresos de este tipo no deben confundirse sin más con un beneficio real para los animales o la población.

El caso Lavitola no demuestra que toda persona que practica la caza de trofeos esté implicada en negocios delictivos. Pero ilustra de forma ejemplar un ambiente formado por concesiones de caza herméticas, elevadas sumas de dinero, intermediarios privados y una cultura en la que matar caza mayor se comercializa como una experiencia exclusiva y comprable, tal como lo contextualiza el dossier sobre la caza de trofeos como símbolo de estatus.