Polonia muestra cómo la crítica a la caza puede tener eficacia política

En el corazón de Europa, Polonia lucha contra una ley de caza de la República Popular.

Una alianza en torno a Olga Tokarczuk y Agnieszka Holland quiere forzar ahora, con 100’000 firmas, lo que el lobby de los cazadores aficionados lleva décadas bloqueando: seguridad para los vecinos, el fin de la industria de los trofeos y el derecho a un bosque sin disparos. Polonia se convierte así en un ejemplo de política crítica con la caza para toda Europa, también para Suiza.

Un fantasma de la República Popular en el bosque polaco

Polonia es una democracia desde hace más de tres décadas. La ley de caza, en cambio, procede en lo esencial del año 1995 y, en sus rasgos fundamentales, es una herencia directa de la República Popular de Polonia (PRL). Allí los animales salvajes siguen considerándose propiedad del Estado, el país está dividido por completo en cotos de caza, y la cuasi-estatal asociación polaca de cazadores aficionados (PZŁ) administra estos cotos como una tienda de autoservicio. Quien, como propietario de un terreno, tenga un problema moral con la muerte de animales, apenas dispone de recursos según la legislación vigente. Una alianza de científicas, artistas y ecologistas quiere cambiar ahora lo que la política deja pasar.

A la cabeza del movimiento están dos de las voces más conocidas de Polonia: la premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, cuya novela «Sobre los huesos de los muertos» convirtió la matanza sin sentido de animales por parte de los cazadores aficionados en el tema de toda una generación, y la directora Agnieszka Holland, que presentó la obra en 2017 como ecothriller «El rastro» en la Berlinale y recibió por ello el Oso de Plata. Magdalena Gałkiewicz, del Partido Verde polaco, resume la orientación de la iniciativa: el sistema vigente es anacrónico y contradice todo lo que hoy se sabe sobre protección animal y ecología.

100’000 firmas en papel: la democracia como prueba de fuego

Para eludir el derecho de veto del lobby de la caza por afición en el parlamento, las promotoras apuestan por la «iniciativa legislativa ciudadana». El procedimiento es tan laborioso como suena: primero deben recogerse 1’000 firmas manuscritas para siquiera registrar al comité. Después quedan exactamente tres meses para reunir otras 99’000 firmas. En la era de las peticiones digitales, Polonia se mantiene fiel a la tinta y el papel. La ventaja: una iniciativa ciudadana de este tipo no conoce la «discontinuidad». Si no se aprueba en la legislatura en curso, pasa automáticamente a la siguiente. Es precisamente esta tenacidad lo que teme la asociación de la caza por afición.

700 metros en lugar de 150: cuando los aerogeneradores necesitan más distancia que los rifles

El punto quizás más escandaloso de la situación jurídica actual no afecta siquiera a los animales, sino a los vecinos. Hoy, los cazadores por afición en Polonia pueden disparar con carabinas de alta potencia ya a partir de 150 metros de distancia de las viviendas. La iniciativa exige aumentar esta distancia a 700 metros, medidos desde cualquier edificación, incluidas escuelas y guarderías. Gałkiewicz formula la absurdidad con gran claridad: en Polonia, los aerogeneradores deben mantener una distancia de 700 metros porque generan ruido, mientras que un arma de fuego mortal puede dispararse a 150 metros de la ventana del dormitorio de un niño. En los últimos diez años murieron en Polonia 28 personas a causa de incidentes relacionados con la caza. Una gran mayoría de la población, alrededor del 89 por ciento, exige pruebas médicas y psicológicas obligatorias para todos los cazadores por afición.

Fin a la «industria de la matanza»

Bajo especial presión queda, a raíz de la iniciativa, la caza por afición comercial en Polonia. Las estimaciones hablan de unos 12’000 cazadores de trofeos extranjeros que viajan cada año a Polonia. Algunas fuentes incluso calculan hasta 25’000 huéspedes que pagan por disparar. Los servicios forestales estatales gestionan sus propias tiendas en línea, en las que se pueden comprar citas de matanza como si fueran entradas para conciertos. Polonia se convierte así en el escenario de una industria que, según los críticos, trata al país «como un país del tercer mundo», en el que se puede abatir todo, siempre que el precio sea el adecuado. La reforma pretende secar este mercado. La base jurídica para ello es asombrosamente sencilla: según la constitución, los animales salvajes pertenecen al Estado, no a generadores privados de divisas ni a huéspedes extranjeros con ganas de cornamentas.

El derecho a un bosque sin disparos

La segunda exigencia central de la iniciativa se refiere al derecho a un bosque sin caza de hobby. Un decreto del jefe de Estado estalinista Bolesław Bierut del año 1952 había nacionalizado de facto a los animales salvajes y obligado a los propietarios privados de terrenos a tolerar a los cazadores de hobby en sus tierras. Hasta hoy, aunque las personas privadas pueden darse de baja por motivos de conciencia, las personas jurídicas como fundaciones, organizaciones de protección de la naturaleza o jardines de infancia forestales no tienen este derecho. Tienen que presenciar cómo, justo delante de sus ventanas, se dispara a corzos, jabalíes y aves. La iniciativa quiere poner fin a esta coacción anacrónica. Las ONG y los municipios deberían poder excluir definitivamente sus tierras de los distritos de caza de hobby.

Con ello, la reforma polaca enlaza directamente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso Herrmann contra Alemania (2012), el TEDH dictaminó que no se puede obligar a los propietarios de terrenos a tolerar sin objeción la caza de hobby en sus tierras cuando esta contradice sus convicciones éticas. La arquitectura jurídica sobre la que se construye la iniciativa ciudadana polaca no es, por tanto, una particularidad nacional, sino un derecho humano europeo. Quien critica la caza de hobby no argumenta «contra la naturaleza», sino a favor de la propiedad, la libertad de conciencia y la proporcionalidad.

La «red invisible» en el Sejm

El camino es pedregoso, ya que en el parlamento polaco opera lo que los activistas denominan «red invisible». Solo un puñado de diputados se declara abiertamente a favor de la caza de afición, pero la influencia de la asociación llega mucho más lejos. La situación se ha vuelto más explosiva desde que el presidente Karol Nawrocki nombró precisamente a Marcin Możdżonek, presidente del Consejo Nacional de Caza de Afición, como su asesor en materia de clima y medio ambiente. Con ello, el veto presidencial contra cualquier reforma seria está programado de antemano. Polonia vive un conflicto abierto entre una sociedad civil dispuesta a reformar y un lobby firmemente anclado en el aparato estatal desde la era comunista.

Cebos, visión nocturna, trofeos: lo que la iniciativa realmente quiere prohibir

A pesar de toda la contundencia de las exigencias, no se trata de una prohibición general de la caza de afición, sino de domesticar una práctica que se ha salido de control. Concretamente, la iniciativa quiere prohibir el atraer a los animales salvajes con cebos, vetar el disparar de noche con ópticas de imagen térmica y someter a revisión científica la lista de especies cazables. Hoy en día, los planes de caza de afición en Polonia, como formula irónicamente Gałkiewicz, se negocian «entre el señor del feudo, el alguacil y el párroco», es decir, en reuniones a puerta cerrada entre cazadores de afición y guardas forestales. En el futuro, estos planes deberán someterse a consulta pública y acompañarse de criterios científicos. Dicho de otro modo: los bosques polacos deben volver a pertenecer a todos los ciudadanos y no solo a los 127 000 miembros de la asociación de caza de afición.

Lo que Suiza puede aprender de Polonia

Para Suiza, el caso polaco resulta interesante porque muestra cómo la resistencia crítica con la caza se vuelve jurídicamente eficaz. La campaña polaca no se ganó con romanticismo de la naturaleza ni con apelaciones morales, sino con una argumentación jurídica precisa: protección de los vecinos, protección de los niños, protección de la propiedad y libertad de conciencia. Precisamente ese giro del debate folclórico a la cuestión de los derechos fundamentales es lo que más teme el lobby suizo de la caza de afición.

La reforma polaca de 2018, que desterró a los menores de edad de la caza de afición, no surgió de un clamor moral, sino de una contradicción jurídica concreta entre la Ley de Protección Animal de 1997 y el antiguo derecho de caza. El patrón se repite: quien identifica con claridad las lagunas legales pone a la lobby de la caza por afición a la defensiva. En Suiza, la situación jurídica varía mucho según el cantón, lo que exige separar con precisión la caza por patente y la caza por coto. La palanca de «propiedad y derechos fundamentales» funciona aquí igual que allí. Allí donde una persona privada, una fundación o un municipio quiere oponerse a la caza por afición en su propio terreno, no se trata de una cuestión de gusto, sino de una cuestión de proporcionalidad.

Polonia como prueba de estrés para toda Europa

La iniciativa ciudadana es más que un proyecto nacional de reforma. Es una prueba de fuego para la cuestión de si la sociedad civil organizada puede desbancar a una arraigada lobby de la caza por afición en un Estado de la UE. Polonia ya ha demostrado en los últimos años en varias ocasiones que tales cambios son posibles: desde la prohibición de la cría de animales para peletería, pasando por los primeros pasos de reforma contra la caza por afición, hasta la eliminación de cinco especies de aves de la lista de caza. Si ahora cae además la caza comercial de trofeos por afición, se quintuplica la distancia de protección respecto a las viviendas y los municipios recuperan sus bosques libres de disparos, se derrumba una parte de la mentalidad de la caza por afición que también marca el debate en Alemania, Austria y Suiza.

El mensaje desde Varsovia es inequívoco: la caza por afición no es una ley natural ni una constante cultural. Es un acuerdo político que puede modificarse cuando 100 000 ciudadanas y ciudadanos estampan su nombre debajo.