4’616 ciervos: lo que revela la planificación cinegética de los Grisones y lo que no demuestra

El cantón de los Grisones prevé matar en 2026 a 4’616 ciervos rojos.

Entre ellos hay 2’514 hembras. La población estimada en primavera se cifra en 13’485 ciervos rojos, frente a los 13’585 del año anterior. Las cifras son públicas: la Oficina de Caza y Pesca publica su planificación, las hipótesis sobre la población y las bases jurídicas en materia cinegética.

Sin embargo, una cifra de abatimiento publicada no constituye por sí sola una prueba de que matar a 4’616 animales salvajes sea ecológicamente necesario, eficaz o éticamente defendible. Detrás de la fría cifra hay todo un sistema de caza alta, caza especial, cuotas de abatimiento y caza de afición organizada por el Estado. Ese sistema convierte a animales sintientes en «piezas», a madres y crías en «categorías», y a una práctica violenta en una cuestión de cumplimiento del plan.

Un examen crítico de la planificación cantonal, de la normativa cinegética y de los resultados de la caza muestra que la administración cinegética de los Grisones revela mucha información. Lo que falta es la prueba independiente de que precisamente esta forma de caza alcanza los objetivos declarados y de que no existen alternativas más respetuosas con la fauna salvaje.

La caza especial no es un desliz puntual

La caza mayor (Hochjagd) grisona se celebra en septiembre. A continuación, el departamento competente decide, en función de los resultados de dicha caza, si se ordena una caza especial y en qué zonas. Para 2026 será posible entre el 31 de octubre y el 20 de diciembre según la región; por zona se prevén como máximo diez medias jornadas de caza.

Jurídicamente, por tanto, la caza especial es una segunda fase de caza que debe ordenarse por separado. No se celebra de forma automática. Sin embargo, en términos políticos y organizativos no constituye un estado de excepción ajeno al sistema, sino un instrumento firmemente previsto dentro del régimen cinegético grisón. Por eso la cuestión no es si el cantón publica su base legal. Lo hace. La pregunta es otra: ¿por qué la caza mayor ordinaria resulta tantas veces insuficiente para alcanzar los objetivos fijados por la propia autoridad?

El año cinegético 2023 muestra la magnitud que puede alcanzar la importancia de esta segunda fase. El plan cantonal de abatimiento preveía 5’278 ciervos rojos. Para el llamado cumplimiento cualitativo del plan debían abatirse al menos 3’050 ciervas. Una vez finalizada la caza mayor, el cantón declaró que durante la caza especial aún debían matarse 2’218 ciervas y sus crías para que el encargo cinegético quedara cumplido.

Al final, según la evaluación cantonal detallada, se abatieron 4’928 ciervos rojos. El cumplimiento cuantitativo del objetivo fue del 93,4 por ciento. De los 3’050 ejemplares hembra previstos se abatieron 2’463. El cumplimiento cualitativo del objetivo, especialmente relevante para la regulación, se situó así en el 80,8 por ciento. El comunicado de prensa cantonal citaba un resultado global casi idéntico, de 4’909 ciervos.

Esto no demuestra que la caza especial sea imprescindible todos los años. Sí muestra, en cambio, que la segunda fase de caza desempeña un papel considerable en cuanto la caza mayor no aporta el número deseado de ejemplares hembra. El cantón la califica de instrumento de regulación. Desde la perspectiva de la protección animal se plantea otra pregunta: ¿por qué no se examina antes en serio si los períodos de caza, las zonas de tranquilidad, la reducción de perturbaciones o la organización de la caza mayor podrían modificarse de modo que la posterior caza de ciervas y crías resultara superflua?

El «elevado efectivo» necesita contexto

La planificación cantonal estima la población primaveral de 2026 en 13’485 ciervos rojos. Frente al año anterior, esto supone un descenso de 100 animales. El cantón sitúa el valor actual dentro de su estrategia «Hábitat bosque-fauna» y lo valora como parte de una reducción de la población que se persigue desde 2020.

Pero las cifras de población no son recuentos directos de individuos. Se basan en tasaciones, estadísticas de caza, animales hallados muertos, observaciones regionales y supuestos de cálculo. Son importantes para la planificación, pero no poseen la exactitud que los debates políticos suelen sugerir. Una estimación de 13’485 animales no significa que en el cantón vivan exactamente 13’485 ciervos rojos ni que de ello se derive forzosamente la matanza de exactamente 4’616 animales.

También la evolución histórica desmiente una retórica de alarma simplista. La población de ciervo rojo en los Grisones nunca ha seguido una línea recta. La serie temporal de la BAFU muestra, a lo largo de décadas, fases de aumento y de descenso: de apenas 10’000 animales a finales de la década de 1960 a unos 15’000 animales a finales de los años setenta y principios de los ochenta, después de nuevo claramente por debajo y, más tarde, otra vez hasta un máximo de unos 16’600 animales entre 2017 y 2019. Desde entonces, según las estimaciones cantonales, la población ha retrocedido.

El valor actual se sitúa así muy por debajo del máximo más reciente y dentro de un margen de fluctuación visible a largo plazo. De ello no se deduce que no pueda haber problemas locales. Pero la afirmación de un «exceso de población» extraordinario, que necesariamente deba resolverse mediante la caza de afición, no queda demostrada con una única cifra global.

Esto resulta aún más evidente al observar las estadísticas de caza. Mientras que en las décadas de 1930 y 1940 se abatían por lo general solo unos pocos cientos de ciervos rojos al año, hoy las matanzas alcanzan regularmente varios miles de animales. Hacia 2018 llegaron a unos 6’500 animales. Sin embargo, el aumento de las capturas no demuestra automáticamente un aumento correspondiente de la población. Lo que muestra, en primer lugar, es hasta qué punto se ha ampliado, de forma cruel con los animales, la extracción organizada por el Estado.

La caza no es un regulador neutral

La autoridad cinegética trata la caza de afición como un instrumento de regulación poblacional. También la guía de aplicación de la BAFU describe la regulación del ciervo rojo a partir de varios criterios: proporción de sexos, porcentaje de crías y una extracción que, según el objetivo fijado, debe situarse por encima del incremento anual.

Sin embargo, una cifra de abatimientos no equivale a una simple reducción del efectivo. Las poblaciones de animales salvajes reaccionan ante intervenciones intensas. Si hay menos animales compitiendo por el alimento, los supervivientes pueden tener mejor acceso a la comida, pasar el invierno en mejor condición física y reproducirse antes o con mayor éxito. Este tipo de respuestas compensatorias son bien conocidas en la biología de poblaciones.

Esto no significa que cada abatimiento sea inútil ni que la caza conduzca necesariamente a un aumento de los efectivos. La magnitud de estos efectos depende de la densidad, la estructura de edades, la proporción de sexos, la disponibilidad de alimento, el clima, el hábitat, los movimientos migratorios y los depredadores. Para los Grisones, esta pregunta solo puede responderse con datos regionales a largo plazo.

Precisamente por ello resulta problemático que la caza se confirme a sí misma como una instancia reguladora exitosa a partir de las cifras de abatimientos. Un elevado número de piezas cobradas no demuestra que se haya resuelto un problema. Demuestra, en primer lugar, que se ha matado a muchos animales. Lo decisivo serían respuestas independientes a otras preguntas: ¿disminuye el ramoneo en las superficies forestales realmente afectadas? ¿Cambian la densidad de fauna y el uso del espacio? ¿Qué papel desempeña la perturbación causada por la caza? ¿Y qué parte corresponde al invierno, al hábitat y a los depredadores?

El lobo y el lince forman parte de la ecuación

El propio cantón reconoce que los depredadores forman parte de la dinámica poblacional. Las disposiciones sobre el ejercicio de la caza señalan que, en las regiones con manadas de lobos, las crías son capturadas con frecuencia por los lobos durante sus primeras semanas y meses de vida. Por ello, en las regiones de Surselva, Mittelbünden y Heinzenberg se redujo la proporción de hembras del plan de abatimiento del 60 al 50 por ciento.

Esto es más que un ajuste técnico. Muestra que la caza no es la única fuerza que influye en el número y la estructura de una población de ciervos. Los lobos y los linces modifican la mortalidad de las crías, el uso del espacio y el comportamiento de los ungulados. También influyen las pérdidas invernales, el alimento, la calidad del hábitat y los movimientos migratorios.

Por consiguiente, el descenso del efectivo de ciervo rojo desde su último máximo no puede atribuirse a una única causa. La caza puede influir en él. Los depredadores pueden influir en él. También actúan simultáneamente la mortalidad invernal, el hábitat y la planificación cantonal. Resulta, pues, engañoso que la caza por hobby se apunte la disminución de los efectivos como un éxito regulador propio.

Precisamente la presencia del lobo y del lince cuestiona el viejo relato cinegético según el cual el ser humano, como cazador de afición armado, resulta imprescindible para establecer «el equilibrio». Los depredadores no son una perturbación de un supuesto sistema natural de caza. Forman parte de ecosistemas que funcionan, y cumplen su papel sin trofeos, sin licencias ni cupos de abate.

El fraude de etiquetas con la «plaga forestal»

Para justificar elevadas cifras de abate, se declara a menudo al ciervo rojo plaga forestal. Se dice que dificulta la regeneración del bosque protector, que provoca daños por ramoneo y que pone así en peligro la seguridad y las infraestructuras. Este relato suena sencillo. La realidad ecológica no lo es.

Los conflictos entre bosque y fauna silvestre no surgen únicamente del número de animales. También son decisivos la estructura del bosque, las especies arbóreas, la oferta de alimento, los espacios de descanso y refugio, el uso turístico, los trabajos forestales, el tráfico, la alimentación suplementaria, los depredadores y la intensidad de la caza de afición. Quien reduce el ramoneo exclusivamente a un número supuestamente excesivo de ciervos rojos ignora todos estos factores.

La caza de afición puede empujar a los animales salvajes precisamente hacia espacios problemáticos. La investigación demuestra que los ciervos reaccionan a la presión cinegética con huida, mayor estado de alerta y una actividad alterada. Se desplazan a zonas con menos perturbaciones, aprovechan la cobertura densa y se vuelven más nocturnos. Por ello es plausible que la caza de afición influya en dónde y cuándo comen los ciervos rojos, posiblemente justo en aquellas superficies forestales cuyo ramoneo sirve después como argumento para nuevos abates.

Esto no significa que la caza de afición sea la única causa del ramoneo. Pero forma parte del problema que pretende resolver. Quien quiera proteger el bosque protector debe tomarse tan en serio las perturbaciones, la calidad del hábitat y el uso del espacio por parte de los animales como las cuotas de abate. Una política que primero genera inquietud y después utiliza la reacción de los animales como justificación para matarlos no es una política de fauna silvestre neutral.

Cuando los animales se convierten en bayas

Lo frágil que resulta la afirmación de una «regulación» ecológicamente necesaria queda patente en la caza menor. Afecta a especies como la liebre común, el zorro, el tejón, la marta, el gallo lira, la perdiz nival, la paloma torcaz, la corneja, la urraca, el cormorán, el ánade real y otros animales. Las normas de caza de los Grisones no liberalizan, pues, únicamente los ungulados, respecto a los cuales la caza de afición invoca al menos retóricamente objetivos forestales o de población.

El expresidente de la asociación de cazadores con patente de los Grisones, Robert Brunold, resumió esta postura en 2015 ante la SRF. La caza menor no es necesaria, pero sí legítima. Uno podría preguntarse igualmente si tiene sentido recoger bayas y setas en el bosque. Con la caza menor se aprovecha un «producto natural».

Esta comparación revela más de lo que pretende ocultar. Las bayas y las setas no sienten miedo. No huyen de las personas, no reciben disparos, no se desangran, no cuidan de sus crías ni viven en relaciones sociales. Un zorro no es un fruto del bosque. Una liebre común no es una despensa. Un gallo lira no es un «producto» que haya que gestionar.

Brunold hablaba expresamente de una caza de afición que él mismo no calificaba de necesaria. Con ello desaparece el argumento protector de la regulación. Lo que queda es una práctica en la que se mata a animales porque las personas reclaman la muerte como tradición, actividad de ocio o apropiación permitida.

Precisamente ahí se muestra el núcleo de la caza de afición. No es simplemente una medida técnica para la protección del bosque. Es una práctica de violencia protegida cultural y políticamente que declara a los animales presa disponible. La caza menor desenmascara así el relato de la regulación: donde no se afirma ninguna necesidad, solo queda el placer de disponer de la vida y de la muerte.

Sufrimiento animal con sistema

El lenguaje de la planificación cinegética es sobrio: «plan de abatimiento», «autorización», «categorías», «capturas», «cumplimiento cualitativo de objetivos». Hace desaparecer lo que esas palabras significan: los animales son acosados, asustados, separados unos de otros, heridos por disparos, matados o abandonados heridos.

Durante la caza mayor de 2022 se abatieron en los Grisones cerca de 9’200 ciervos, rebecos, corzos y jabalíes. Alrededor de 790 de ellos —casi uno de cada diez abatimientos— eran animales que, según las normas de caza vigentes, no eran cazables. Un biólogo de fauna salvaje de la Oficina de Caza y Pesca declaró a la SRF que esa proporción es «siempre más o menos la misma cada año».

No todo animal no cinegético equivale a una infracción intencionada. Pero la cifra revela un problema estructural. Además, no abarca toda la dimensión del sufrimiento animal. Los disparos que solo hieren, las búsquedas de rastro y los animales que escapan heridos y nunca son hallados constituyen un capítulo aparte. Una caza de afición en la que, según datos de las autoridades, aproximadamente uno de cada diez disparos afecta con regularidad a un animal no cinegético no puede presentarse de forma creíble como una práctica precisa, controlada y conforme a la «ética venatoria».

En la caza especial, la cuestión ética se agudiza. Allí la caza de afición se dirige además, según la región y la categoría, a ciervas y crías. Estas autorizaciones van más allá de las categorías vigentes durante la caza alta. El sistema incrementa la presión precisamente cuando no se ha cumplido la cuota de abatimiento fijada por las autoridades.

Desde la perspectiva de la protección animal, esto resulta especialmente problemático: la autorización legal no impide que se vean afectadas hembras con crías y las crías que dependen de ellas. Además, tiene lugar en una época del año en la que los animales salvajes deben ahorrar energía y prepararse para el invierno. Mientras en otoño la caza de afición invoca la «ética venatoria», amplía sus intervenciones en cuanto la cuota no cuadra.

La estadística de la BAFU registra además para los Grisones los llamados «abatimientos especiales». En varios años, sobre todo entre 2007 y 2020, estos no afectaron únicamente a machos, sino también a hembras y crías. La estadística no refleja la totalidad de la caza especial. Sin embargo, muestra que las intervenciones adicionales recayeron repetidamente justo sobre aquellos grupos de animales que resultan decisivos para la descendencia, la organización social y la reproducción de una población de ciervos.

Por qué el placer de matar no es un motivo de ocio inofensivo

Las personas que sienten placer al matar seres vivos y que pagan por ello no muestran, desde el punto de vista psicológico, un comportamiento de ocio normal. Esta conducta contradice mecanismos fundamentales de empatía, compasión e inhibición moral, presentes en la gran mayoría de las personas psíquicamente sanas. Psicológicamente se trata de un comportamiento violento desviado, aunque sea tolerado política o culturalmente.

El placer de matar es un rasgo clásico de la violencia basada en el disfrute. El propio acto violento resulta gratificante: no el resultado, ni una supuesta necesidad, sino el hecho de matar. No se trata de un fenómeno marginal, sino de algo claramente descrito en la psicología de la violencia.

No toda persona que caza vivirá el acto de matar de la misma manera ni lo calificará abiertamente de placer. Pero quien vive la caza de afición precisamente como el placer de abatir, como adrenalina, triunfo o satisfacción personal, muestra una motivación violenta problemática desde el punto de vista psicológico. Esta se sitúa, histórica y estructuralmente, cerca de formas de pensamiento autoritarias y degradantes, porque convierte al ser vivo matado en un medio para la propia satisfacción.

Conclusión

La cifra de 4’616 no es secreta. Los Grisones la publican, la justifican con sus propias estimaciones de población y la enmarcan en su estrategia de bosque y fauna silvestre. Eso es mejor que una política ejercida en la sombra. Pero la transparencia sobre la cifra no equivale a la prueba de su necesidad.

Una planificación de abatimientos publicada por las autoridades muestra cuántos animales quiere hacer matar el cantón. No demuestra automáticamente que esas matanzas sean la respuesta más benigna, más eficaz o éticamente defendible a las cuestiones del bosque y de la fauna silvestre. Tampoco demuestra que la segunda fase de caza sea imprescindible, que las molestias provocadas por la caza no contribuyan al ramoneo, ni que la caza de afición tenga suficientemente en cuenta su propia influencia sobre la dinámica poblacional y el uso del espacio.

El verdadero escándalo no reside en una cifra aislada. Reside en la normalización política de un sistema que cada año convierte a miles de animales silvestres sensibles en partidas de un plan. La caza especial debe ordenarse jurídicamente por separado, pero está firmemente prevista como segundo instrumento dentro del sistema cinegético. La caza menor muestra además que a la caza de afición no solo le interesa una supuesta regulación, sino también la matanza socialmente permitida de animales que incluso sus propios representantes califican de innecesaria.

Mientras la autoridad cinegética se mida sobre todo por cuotas de abatimiento y no exista un balance independiente y exhaustivo sobre las molestias causadas por la caza, los efectos en el bosque, los abatimientos erróneos, los animales heridos de bala, los rastreos y el sufrimiento animal, la cifra de 4’616 seguirá siendo para nosotros la contabilidad de un ritual sectario.

Más sobre el tema: