Reforma de la ley de caza italiana: un amplio frente de política, ciencia, iglesia y asociaciones

En Italia se agudiza el conflicto político en torno a la reforma de la ley de caza n.º 157/1992.

El Senado aprobó el proyecto de ley denominado por sus críticos «Sparatutto», presentado por el jefe del grupo parlamentario de Fratelli d'Italia, Lucio Malan (DDL 1552), el 23 de junio de 2026 con 80 votos a favor, 56 en contra y dos abstenciones. Desde el 7 de julio de 2026 se celebran audiencias en la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados, y el 16 de julio finaliza el plazo para presentar enmiendas. La resistencia crece a cada vez más niveles de forma simultánea, ahora a lo largo de todo el espectro político.

El 7 de julio de 2026 se formó una resistencia política adicional: la diputada Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati), presidenta del intergrupo parlamentario por los derechos de los animales y la protección del medioambiente, compareció ante la prensa junto con las asociaciones Enpa, Lipu, WWF, Animalisti Italiani, Oipa, Lac, Gaia y Green Impact. Su mensaje central: los italianos y las italianas no quieren regalar los animales a 500’000 hobby hunters que disparan por placer. Las encuestas que se citan en el debate público indican que entre el 60 y el 80 por ciento de la población italiana rechaza una ampliación de la caza de hobby o desea mantener la legislación vigente de 1992.

Qué cambia concretamente la reforma

El texto legal establece ahora que la caza como hobby «contribuye a la protección de la biodiversidad y del ecosistema», estilizando así a los cazadores por hobby como «biorreguladores». Las voces críticas lo consideran un artificio semántico: según el derecho civil italiano, las poblaciones de animales salvajes pertenecen al Estado y son de interés público, por lo que su gestión no debería dejarse en manos de quienes al mismo tiempo cazan a esos animales.

Un punto central es la pérdida de competencias del ISPRA, el instituto estatal de protección e investigación ambiental. Hasta ahora, su dictamen técnico era vinculante para la fijación de los calendarios de caza; en el futuro, tendrá únicamente carácter consultivo. Con ello, las regiones podrían apartarse de las recomendaciones científicas, suprimir el límite del 10 de febrero para el final de la temporada y prolongar la caza hasta la época de la migración y la nidificación de las aves. El representante de Lipu, Giovanni Albarella, calificó este punto como «la ganzúa para poder cazar también en febrero y marzo».

Otras novedades: los propietarios de tierras ya no podrán negar a los cazadores por hobby el acceso a sus terrenos por motivos puramente éticos. Pasarán a ser cazables, entre otros, el ganso salvaje y la paloma; además, se pretende permitir la caza en el mar dentro del territorio estatal. Para la caza de ungulados se autorizarán dispositivos de visión nocturna, cámaras térmicas y silenciadores, y los reclamos vivos podrán mantenerse en el futuro prácticamente sin límite. El lobo se elimina de la lista de especies «especialmente protegidas», lo que facilitaría futuras regulaciones de abatimiento, un paso que contradice los recientes conocimientos científicos sobre el trato con los predadores. Se introduce, además, una prohibición de «obstaculizar o retrasar» la caza como hobby, lo que probablemente dificultará la observación de la protección animal sobre el terreno.

Fractura dentro de la propia mayoría de gobierno

Es notable que la resistencia no se limite al campo de la izquierda. Dentro del partido de la coalición Forza Italia, bajo la dirección de la diputada Rita Dalla Chiesa, responsable del bienestar animal en la ejecutiva del partido, se ha formado un frente abierto de seis o siete diputados que anuncian enmiendas. Dalla Chiesa invoca expresamente el legado del fundador del partido, Silvio Berlusconi, y su compromiso de muchos años contra el sufrimiento animal. También el conocido periodista de derechas Vittorio Feltri se ha manifestado de manera crítica, así como sectores de la Iglesia católica. Estas grietas dentro del campo conservador aumentan la presión sobre la mayoría gubernamental para que revise nuevamente la ley antes de la votación final.

Ahora también la ciencia en contra

El 8 de julio de 2026 la resistencia se reforzó con una voz de peso: el Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), la principal organización especializada italiana en ornitología, publicó un dictamen técnico-científico que rechaza tajantemente la reforma en varios puntos. Esta iniciativa se suma a un análisis publicado con anterioridad por la Associazione Teriologica Italiana (ATIt), dedicada a los mamíferos, que atribuyó al proyecto un fundamento científicamente débil. Ambas sociedades especializadas han sido invitadas oficialmente, junto con la Società Italiana di Etologia, a las audiencias parlamentarias, al igual que Lipu, Legambiente, WWF, Enpa, Lac y Oipa.

El CISO critica en particular la reinterpretación de los cazadores aficionados como «biorreguladores», calificándola de error categorial: una licencia de caza acredita la aptitud para una actividad reglamentada, no una formación en zoología, ecología o biología de la conservación. El control de las poblaciones de fauna silvestre es una tarea pública que debe basarse en datos, seguimiento y objetivos de conservación, y no en la suma de actividades privadas y recreativas de abatimiento. Por el contrario, la caza generalizada puede alterar la estructura social de las poblaciones animales, favorecer la propagación de agentes patógenos y, a través de las municiones de plomo, introducir contaminación tóxica en el medio ambiente.

Especialmente delicado: el proyecto de ley no cambia el hecho de que se puedan seguir cazando especies que se encuentran en un estado de conservación deficiente, como la alondra común y la perdiz nival, ambas en declive desde hace mucho tiempo. Las propias cifras del ISPRA respaldan las críticas: el 28 por ciento de las especies de vertebrados en Italia se consideran en peligro de extinción, el 26 por ciento de las aves reproductoras están amenazadas, y entre 2017 y 2023 se abatieron más de 32 millones de aves en todo el país. Además, la migración de las aves se está desplazando cada vez más hacia fases anteriores del calendario debido al cambio climático, como muestran los datos de la plataforma de ciencia ciudadana Ornitho.it. Por ello, el CISO insta al Parlamento a suspender el procedimiento legislativo y a reanudar el diálogo con la ciencia.

Un colectivo menguante con una influencia creciente

Un argumento del bando crítico destaca especialmente: el número de licencias de caza en Italia ha descendido de 738’000 en la temporada 2016/2017 a solo 155’496 en 2026, y solo en los últimos dos años ha pasado de 160’055 a esa cifra. Así, los hobby hunters representan alrededor del uno por ciento de la población italiana, pero con esta reforma obtienen amplias nuevas competencias. Por ello, Edgar Meyer, de Gaia Animali & Ambiente, calificó la ley de «una bofetada a la ciencia». Además, hizo referencia a un tema que rara vez se debate: según un análisis de la asociación Vittime della Caccia, en los últimos veinte años se registraron alrededor de 1’937 accidentes de caza con resultado de muerte, entre ellos 33 casos en los que hobby hunters se hirieron a sí mismos mortalmente, y 13 casos con víctimas ajenas.

57 organizaciones, entre ellas Lav, Leal, Legambiente, Lipu BirdLife Italia, Wwf, Enpa, Greenpeace, Oipa, Lndc y Gaia Animali e Ambiente, han exigido además, en una carta conjunta al presidente de la Cámara, Lorenzo Fontana, que junto a la Comisión de Agricultura también se incluya a la Comisión de Medio Ambiente en las deliberaciones.

Objeción desde Bruselas

La Comisión Europea sigue el procedimiento con atención y ha transmitido al Gobierno italiano varios puntos de crítica, que afectan sobre todo a la prolongación de la temporada de caza más allá del 10 de febrero, al debilitamiento del papel del ISPRA y a la ampliación prevista del uso de reclamos vivos. Los expertos ven en ello una posible infracción de la Directiva de Aves de la UE, que prescribe una protección integral durante las fases más sensibles del ciclo reproductivo. En cuanto a la normativa sobre reclamos vivos, ya está en marcha desde 2023 un procedimiento piloto de la UE, y hay pendiente una carta de emplazamiento formal. También el presidente de la República italiana examina si el texto legal es compatible con el artículo 9 de la Constitución, modificada desde 2022, que consagra como objetivo del Estado la protección del medio ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas y los animales. Ya en primavera también el papa León XIV criticó la reforma de la caza, y las asociaciones de protección animal ya habían advertido con anterioridad sobre la reinterpretación prevista de los cazadores por afición como educadores ambientales.

Contextualización

El caso italiano muestra un patrón conocido también en Suiza: cuando los dictámenes científicos sobre la regulación de la caza se rebajan de vinculantes a consultivos, el poder de decisión se desplaza de la evidencia científica al arbitrio político. Lo notable del caso italiano es, sin embargo, lo amplio que se ha vuelto el frente: abarca desde asociaciones de protección animal hasta las dos sociedades científicas de referencia en materia de aves y mamíferos, llegando incluso a las filas de la propia mayoría de gobierno, donde diputadas como Rita Dalla Chiesa se posicionan abiertamente en contra de su propia coalición. Brambilla lo resumió con claridad: la lucha por la naturaleza y la biodiversidad no tiene color político. El desarrollo del debate en Roma lo confirma de manera impresionante.