El modelo de lobo de Suecia fracasa ante los tribunales: una señal de alarma para Rösti y Regazzi

Suecia no debería ser un modelo para Suiza, sino una advertencia.

Desde hace años, el país intenta mantener reducida su pequeña y genéticamente frágil población de lobos mediante cifras objetivo definidas políticamente. Ahora, una sentencia judicial y las críticas de la Comisión Europea demuestran que quien pretenda hacer matar lobos de forma regular no puede simplemente apelar a una cifra residual deseada. El estado de conservación favorable debe estar demostrado científicamente.

Precisamente esta constatación afecta a un político suizo que ha declarado expresamente a Suecia como modelo: el consejero de los Estados del partido de centro Fabio Regazzi, del Tesino. Reclama para Suiza un límite máximo fijo de lobos y quiere que los animales «excedentes» se retiren mediante una caza controlada. Su referencia es precisamente Suecia, ese país cuya caza del lobo se vuelve ahora cada vez más difícil por sus insuficientes bases jurídicas y científicas.

Suecia debe corregir el valor de referencia

Suecia ha elevado su valor de referencia para el estado de conservación favorable del lobo de 170 a 220 ejemplares tras las críticas de la Comisión Europea. Anteriormente, el valor se había reducido de 300 a 170 lobos. La Comisión dudaba de que esta drástica reducción estuviera científicamente fundamentada de forma suficiente y garantizara la conservación a largo plazo de la población.

El estado de conservación favorable no es un valor deseado políticamente en el derecho europeo de protección de la naturaleza. Debe garantizar que una especie siga siendo viable a largo plazo, que su área de distribución no retroceda y que exista suficiente hábitat adecuado. Por ello, una autoridad no puede declarar al lobo como asegurado únicamente sobre la base de una cifra residual deseada políticamente.

Suecia muestra así la diferencia entre una protección de especies fundamentada técnicamente y una política de minimización de poblaciones. Lo decisivo es la evolución de la población, la diversidad genética, la conectividad, la mortalidad natural y la causada por el ser humano, así como las consecuencias de abatimientos adicionales, y no la cuestión de cuántos animales deben tolerarse políticamente.

Una cifra así no es un concepto de protección. Es una decisión política sobre una población residual.

El tribunal detiene la caza con licencia

La caza con licencia prevista para el 2 de enero de 2026 de hasta 48 lobos en cinco regiones suecas fue detenida ya en diciembre de 2025 por los tribunales administrativos. En enero de 2026, el tribunal de apelación de Sundsvall confirmó esta línea para Västmanland. Sostuvo que faltaba una base científica suficiente para justificar la caza con licencia con los bajos valores poblacionales previstos.

La resolución aclara un principio central: no son las organizaciones ambientales las que deben demostrar que una caza podría ser perjudicial. Las autoridades que autorizan abatimientos deben exponer de forma verificable que el estado de conservación favorable de la población no se verá afectado por ello.

De la prevención de daños a la oferta de caza

La práctica sueca muestra además otra cosa: en cuanto el lobo se trata como una magnitud administrativa disponible para la caza, el foco se desplaza rápidamente de una protección eficaz de los rebaños a una oferta de caza.

En Escania, en el sur de Suecia, tras un ataque presuntamente causado por el mismo lobo a un carnero y un poni, una autoridad autorizó una caza de protección. En un plazo de tres horas se ofrecieron 53 cazadores recreativos, para poder participar en la matanza de un solo lobo.

Esto no es una respuesta objetiva a un conflicto. La protección de rebaños debería haber estado en el centro: vallas seguras, pastoreo, corrales nocturnos, apoyo rápido para los ganaderos y una evaluación específica del incidente concreto. En lugar de ello, la caza de protección se convirtió en una codiciada oferta de ocio.

La reacción de los cazadores hace visible qué dinámica genera una política de autorizaciones de abatimiento. Un solo lobo deja de considerarse principalmente como un animal en un conflicto concreto y pasa a verse como una rara oportunidad de caza.

También el lobby cinegético sueco trabaja para restringir el control público. La presidenta de la federación de caza Jägarnas Riksförbund calificó, en un artículo de opinión, de «terroristas de los derechos de los animales» a las personas que, mediante el principio de transparencia, acceden a información sobre cazadores por afición y ganaderos. La dirección es clara: los abatimientos deben realizarse, pero los datos sobre autorizaciones, participantes y consecuencias deben ser menos verificables.

La protección de las especies sin transparencia no es control. Es administración en interés de quienes se benefician de la caza.

Fabio Regazzi quiere importar esta lógica

Fabio Regazzi representa en Suiza desde hace años una línea que, respecto al lobo, no apuesta por el examen caso por caso, la protección de rebaños y una estricta carga de la prueba, sino por límites máximos fijados políticamente y extracciones simplificadas. Es consejero de los Estados del partido de centro (Die Mitte) en el Tesino, vicepresidente de JagdSchweiz, presidente de la Federación Suiza de Artes y Oficios y él mismo cazador por afición.

Ya en 2022 Regazzi comparó la población suiza de lobos con el modelo sueco. Entonces se refirió a la intención del Gobierno sueco de reducir una población estimada de 460 lobos a entre 170 y un máximo de 270 ejemplares. Trasladado a Suiza, según Regazzi, las poblaciones de lobos deberían limitarse, a su juicio, a entre 17 y 27 ejemplares.

Esta comparación es problemática tanto desde el punto de vista técnico como político.

Suecia es casi once veces más grande que Suiza, pero no posee una enorme población de lobos genéticamente asegurada. Al contrario: los lobos escandinavos están aislados, debilitados en su diversidad genética y amenazados por matanzas ilegales. Que Suecia, pese a esta situación, planee una reducción radical de la población no es un argumento para adoptar este proceder. Es la razón por la que los tribunales y la Comisión Europea deben examinar el asunto con mayor detenimiento.

Regazzi solo toma del ejemplo sueco la cifra: una población lo más reducida posible. Lo que omite son las condiciones y consecuencias:

• El rango objetivo de 170 a 270 lobos es controvertido jurídica y biológicamente.
• La caza con licencia de hasta 48 lobos fue bloqueada judicialmente en 2026.
• Las autoridades no pudieron demostrar suficientemente la protección de la población.
• La población de lobos sueco-noruega está genéticamente muy debilitada.
• La caza legal no aumenta automáticamente la aceptación del lobo.
• Las muertes ilegales siguen siendo uno de los mayores peligros para la población.

El error central de su argumentación es simple: a partir de una cifra deseada políticamente se construye una supuesta necesidad biológica.

Un límite máximo no es protección de especies

La iniciativa actual de Regazzi pretende un cambio de sistema. En Suiza solo se debería tolerar un determinado número de lobos. Si se supera este límite fijado políticamente, los animales serían considerados «excedentes» y podrían ser extraídos.

Esto invierte el sentido de la protección de especies.

Hasta ahora, ante una intervención concreta debe examinarse por principio si existe un daño, si la prevención es posible y razonable, si hay alternativas y si una extracción no pone en peligro a la población. Un límite máximo generalizado sustituye este examen por estadística: ya no sería decisivo el comportamiento de un lobo o manada determinada, sino la cuestión de si su mera existencia supera una cifra objetivo.

Esto es especialmente preocupante porque el Consejo Federal recomienda aceptar la moción de Regazzi. Según Regazzi, este apoyo lo sorprendió incluso a él mismo.

Con ello se cierne un desarrollo que Suecia ya ejemplifica:

1. Se introduce un límite máximo definido políticamente.
2. Del límite máximo surgen cuotas de abatimiento.
3. De las cuotas surge un mandato administrativo para reducir el efectivo.
4. De la reducción surge una oferta de caza.
5. La justificación científica sigue siendo incompleta.
6. Los tribunales deben intervenir porque no se cumplen las obligaciones de protección de especies.

Suiza no debería esperar a tener que corregir el mismo camino ante los tribunales.

Suiza está bajo observación internacional

El desarrollo sueco también es relevante para Suiza: la política lobera de aquí ha suscitado desde hace tiempo críticas internacionales. El 28 de noviembre de 2023, 158 organizaciones de protección del medio ambiente y de los animales de 37 países pidieron al consejero federal Albert Rösti, en una carta abierta, que detuviera el abatimiento preventivo previsto entonces de hasta el 70 por ciento de la población de lobos suiza.

Advirtieron de las consecuencias no solo para los lobos suizos, sino también para las poblaciones interconectadas de los Alpes occidentales y centrales, así como del Jura. Se criticaron especialmente los posibles abatimientos de manadas enteras y de lobos jóvenes.

También los expertos se opusieron a esta línea. Los presidentes del IUCN SSC Canid Specialist Group calificaron el plan de gestión del lobo de entonces de «anticientífico» e incompatible con los conocimientos modernos sobre la gestión de los depredadores. FERUS señaló que no existe ninguna prueba de que los abatimientos de lobos protejan eficazmente los rebaños; lo decisivo son las medidas preventivas de protección de los rebaños.

Suecia muestra ahora hacia dónde puede conducir una política de poblaciones residuales fijadas políticamente: hacia valores de referencia cuestionables, cacerías con licencia y paralizaciones judiciales cuando falta la justificación científica y jurídica para las intervenciones. Por ello, Suiza no debería apostar por límites máximos y cuotas de abatimiento arbitrarios, sino financiar la protección de los rebaños, investigar los conflictos de forma transparente y tratar la población alpina y del Jura como un bien protegido interconectado.

Crecen las críticas a Rösti

Las críticas a Albert Rösti no se limitan a la política lobera. También en el Palacio Federal crece la resistencia contra su rumbo en materia de medio ambiente y clima. Los Verdes exigen retirarle el DETEC; su petición de un debate urgente sobre el calor y la sequía cuenta, según Blick, con el apoyo desde el PS hasta el PVL.

Estas críticas no afectan directamente a los abatimientos de lobos, pero apuntan a un conflicto político: se reprocha a Rösti que posponga los riesgos ecológicos en favor de intereses a corto plazo. En la política lobera, esto se manifiesta, en opinión de los críticos, en que la prevención, las justificaciones científicas, la protección de la población y las obligaciones internacionales quedan relegadas frente a las cuotas de abatimiento y las exigencias de la política cinegética.

Lo que Suiza necesita en su lugar

La convivencia con el lobo requiere una política honesta y eficaz. No debe ignorar las preocupaciones de los ganaderos. Los ataques al ganado causan sufrimiento y pueden ser drásticos para las explotaciones. Pero la respuesta debe centrarse allí donde realmente se previenen los conflictos, y no en la idea populista de que una especie silvestre puede volverse «controlable» mediante una cifra máxima arbitraria.

Se requiere:

• Protección de rebaños plenamente financiada y viable en la práctica para todas las explotaciones afectadas.
• Evaluación rápida e independiente de los daños y los incidentes.
• Intervenciones específicas y estrictamente limitadas en lobos individuales o manadas demostradamente problemáticos.
• Divulgación de todos los fundamentos, permisos de abatimiento, datos genéticos y evaluaciones.
• Protección de la conectividad genética y de los corredores migratorios naturales.
• Una clara separación entre la gestión profesional de la fauna silvestre y la caza como pasatiempo.

Suecia muestra a dónde conduce el otro camino: a un gobierno que planifica la reducción de una especie protegida; a cuotas de caza en lugar de estrategias de protección; a cazadores por afición que se postulan por docenas para dar muerte a un solo lobo; y, finalmente, a tribunales que deben recordar a las autoridades su propia carga de la prueba.

Suecia no es un modelo a seguir

Fabio Regazzi quiere hacer aplicable en Suiza el modelo sueco del lobo. Pero justamente ahora se desmorona el relato del exitoso modelo nórdico. El valor de referencia más alto para un estado de conservación favorable y la paralización judicial de la caza con licencia demuestran que una pequeña población de lobos no puede reducirse a voluntad solo porque así lo deseen la política y el lobby de la caza.

La lección para Suiza no es copiar las cifras objetivo suecas. La lección es: la protección de las especies no es un límite máximo. Quien exige abatimientos debe demostrar que son necesarios, proporcionados e inofensivos para la población. Mientras falte esta prueba, toda exigencia de lobos «sobrantes» seguirá siendo lo que es: una licencia política para minimizar la población.