Fauna silvestre protegida como «factor de molestia»: Olivier Bouygues ante los tribunales por presunta persecución de fauna silvestre

El empresario francés Olivier Bouygues tuvo que responder ante el Tribunal Penal de Orléans los días 7 y 8 de septiembre de 2026.

El hombre de 75 años es hijo del fundador del grupo Bouygues, Francis Bouygues, y hermano de Martin Bouygues. La acusación es grave: en su coto de caza vallado en la región de Sologne se habrían matado sistemáticamente animales protegidos durante años. La fiscal Emmanuelle Bochenek-Puren habló de una «profesionalización de la destrucción». Para todos los acusados rige la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Además de Bouygues, están imputadas otras cinco personas, entre ellas administradores y guardas de caza, así como la sociedad gestora SCEA Saint-Hubert. El propio grupo Bouygues no forma parte del proceso. Se juzgan hechos presuntamente cometidos entre 2019 y 2025 en el Domaine de Fontenaille, de unas 650 hectáreas, cerca de La Ferté-Saint-Aubin, en el departamento de Loiret, a unos veinte kilómetros al sur de Orléans. Bouygues adquirió la propiedad en 2002 y declaró ante el tribunal que pasaba allí entre cuarenta y cincuenta días al año, principalmente durante la temporada de caza. Todo el coto está rodeado por vallas de más de dos metros de altura y se encuentra, además, dentro de la mayor zona terrestre Natura 2000 de Francia.

Cadáveres, trampas y veneno

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima recibida el 25 de marzo de 2025 por la Oficina Francesa de la Biodiversidad (OFB). Durante el registro del 4 de junio de 2025, los investigadores de la OFB y la gendarmería descubrieron un vertedero con cadáveres, algunos en avanzado estado de descomposición. Según informes de los medios, entre ellos había cernícalos, garcetas grandes, aguiluchos, ratoneros comunes y cormoranes, así como gatos monteses, erizos y una ardilla. Según las partes civiles, también se encontraron cuadernos de notas con listas de animales por eliminar.

La fiscalía acusa a los imputados de haber eliminado deliberadamente especies protegidas porque se consideraban competencia para la caza comercial de tipo hobby. En la propiedad se criaban perdices y faisanes en gran número para su abatimiento; los investigadores contabilizaron unas 7000 perdices, así como unos 500 jabalíes en 160 hectáreas, es decir, tres animales por hectárea, una densidad que ningún bosque produce de forma natural. Aves rapaces, garzas y gatos monteses se alimentan de huevos, crías y pollos, y con ello perturbaban estas poblaciones destinadas a la caza. Según datos del proceso, en las jornadas de caza con entre diez y quince tiradores se abatían de media sesenta aves por tirador y día.

El cargo central es la «afectación ilegal de la conservación de una especie animal protegida en banda organizada». A ello se suman acusaciones de tenencia o cría ilegal de jabalíes y ciervos, así como otras infracciones de las normativas de armas, medio ambiente y caza. La calificación jurídica es decisiva para la pena: por la destrucción de especies protegidas, en Francia se prevén en principio hasta tres años de prisión y 150 000 euros de multa. Si el delito se comete en banda organizada, el marco se eleva hasta siete años y 750 000 euros.

«Yo no sabía nada»

Olivier Bouygues negó toda responsabilidad. Afirmó tener «otras cosas que hacer» que llevar el día a día de la propiedad, y dijo haberse quedado «conmocionado» y «sorprendido» al conocerse la investigación. Su abogado defensor solicitó la absolución y cuestionó la regularidad del procedimiento. Varios empleados exculparon a su empleador ante el tribunal, en ocasiones en contradicción con declaraciones anteriores realizadas bajo custodia policial.

En la segunda jornada del juicio, la fiscalía solicitó contra Bouygues cinco años de prisión condicional, una multa de 750 000 euros (el máximo legal) y una prohibición de cinco años para ejercer actividades profesionales en agricultura y cría relacionadas con la caza recreativa de tipo hobby. Contra los coacusados se solicitaron, según su papel, penas condicionales de uno a varios años, multas y retiradas temporales del permiso de caza.

Las organizaciones ambientales que se han constituido como parte civil, entre ellas la Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice y France Nature Environnement, cifraron el daño ecológico en más de 750 000 euros; según indican, la cifra se basa en una estimación mínima de 1314 animales muertos. Cabe destacar que la federación de hobby hunters del departamento de Loiret también se constituyó por unanimidad como parte civil contra Bouygues. El tribunal dará a conocer su sentencia el 23 de octubre de 2026.

Por qué el caso afecta a Suiza

El caso revela un patrón que no se detiene en la frontera. Donde convergen intereses de hobby hunting, grandes patrimonios privados y cotos cerrados y vallados, se crea un espacio que difícilmente controla nadie desde fuera. Precisamente el cierre de este tipo de propiedades dificulta la verificación independiente de las intervenciones sobre las poblaciones de fauna silvestre.

Que el proceso aparezca también en los medios suizos no indica implicación suiza alguna. En los informes disponibles no se aprecia ninguna conexión sólida con Suiza, como un domicilio, un coto o un procedimiento suizo. Su relevancia para Suiza radica más bien en la pregunta transferible sobre control, transparencia y persecución penal en explotaciones de hobby hunting.

Suiza también conoce la persecución de animales protegidos

La idea de un panorama «limpio» del hobby hunting suizo no resiste el contraste con los hechos documentados. También aquí se persigue ilegalmente a predadores protegidos, con pruebas de trampas, disparos y veneno, aunque hasta ahora no en un sistema tan grande y públicamente conocido como el de un coto de caza privado.

Para el lince, las muertes ilegales figuran, junto con las colisiones de tráfico y la fragmentación de hábitats, entre los mayores peligros en Suiza. En Valais, un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Berna reveló que en el corredor central de inmigración del lince había instalados 17 sistemas de trampas ilegales, algunos de ellos aún operativos en el momento de su descubrimiento. Los primeros indicios de caza furtiva de linces en el cantón se remontaban a 1995; solo unas dos décadas más tarde, el material de ADN hallado en una trampa condujo a la primera condena de un hobby hunter. Más información en nuestro reportaje «Valais: caza furtiva sistemática» así como en el dossier «Caza furtiva y delincuencia cinegética en Suiza».

También se ven afectadas las aves rapaces. El Tribunal Superior de Zúrich condenó a un criador de palomas que había preparado una paloma viva con carbofurano, un neurotóxico altamente tóxico y prohibido en Suiza, para matar con ella a un ave rapaz protegida. El envenenamiento se impidió porque la paloma fue descubierta. El tribunal impuso una pena de prisión condicional de quince meses y una multa de 1500 francos. Igual que en el caso Bouygues, se trató a una especie protegida como un factor de molestia indeseado y se la combatió con una sustancia peligrosa.

El proceso francés no es, por tanto, un caso exótico y aislado, sino un ejemplo especialmente flagrante de un fenómeno también documentado en Suiza: los animales protegidos se convierten en blanco allí donde se los considera competencia indeseada o una molestia para los intereses humanos de aprovechamiento. Las leyes por sí solas no bastan cuando falta el control de los cotos cerrados y una persecución penal coherente.