19 de junio de 2026, 23:40

Buscar

Texto modelo: Protección frente a la violencia armada con armas de caza

El objetivo es reducir el riesgo de feminicidios y otros delitos graves de violencia cometidos con armas de caza, y subsanar la actual gran laguna de datos. Hoy no se registra de forma sistemática ni si los autores son cazadores, ni si las armas homicidas son armas de caza. Sin esta transparencia, las víctimas, la policía y el legislador siguen volando a ciegas.

1. Moción

Se encarga al Consejo de Gobierno que presente al Gran Consejo un proyecto de modificación de la ley cantonal de caza ( ………… ), así como, en su caso, de otras normas pertinentes como la ley de policía, la legislación sobre armas y la ley de ayuda a las víctimas. El objetivo es la prevención de feminicidios y otros delitos violentos graves cometidos con armas de caza, así como la creación de transparencia sobre el riesgo que representan las armas de caza en el ámbito doméstico. La revisión de la ley debe garantizar en particular que:

  • en las estadísticas policiales de criminalidad y otros sistemas de registro del cantón se indique sistemáticamente,
    • si en los homicidios, intentos de homicidio, lesiones corporales graves, violencia doméstica, amenazas y coacciones se utilizó un arma de fuego,
    • si se trataba de un arma de caza, en la medida en que ello pueda determinarse en el procedimiento,
    • si la persona acusada poseía en el momento de los hechos una autorización de caza, un arrendamiento de caza, un examen de caza u otra autorización cinegética;
  • el Consejo de Gobierno ponga a disposición del parlamento, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de las bases legales, un informe exhaustivo que indique en particular,
    • cuántos delitos violentos graves se cometieron en el cantón con armas de fuego durante un período de varios años,
    • en cuántos casos estuvieron implicadas armas de caza en sentido estricto o amplio,
    • en cuántos casos los autores eran cazadores o personas con autorización de caza,
    • qué constelaciones de violencia doméstica, violencia de pareja y feminicidios se asocian con especial frecuencia a armas de fuego legales y armas de caza;
  • el Consejo de Gobierno examine, sobre la base de estos fundamentos de datos, medidas legislativas u organizativas para la reducción del riesgo y presente al parlamento propuestas, en particular:
    • endurecimiento de los requisitos de fiabilidad y de las pruebas de aptitud para las autorizaciones de caza y la adquisición de armas por parte de personas activas en la caza, en particular con vistas a casos conocidos de violencia doméstica, amenazas y acoso;
    • introducción o ampliación de una obligación o de un derecho expreso de las autoridades de persecución penal, la policía, los servicios de ayuda a las víctimas y los tribunales civiles de ordenar, en caso de expulsiones, prohibiciones de contacto y condenas pertinentes, una verificación de la posesión de armas de caza y de las autorizaciones de caza;
    • posibilidades coherentes de retirada provisional y de confiscación definitiva de armas de caza en situaciones de peligro en el ámbito doméstico;
    • normas mínimas vinculantes para la custodia segura de armas de caza y munición en hogares privados;
  • que se obligue a las autoridades cantonales de caza a mantener un estrecho contacto con la policía y los servicios de atención a las víctimas ante indicios de violencia doméstica, situaciones de amenaza u otras preocupaciones graves de seguridad, así como a examinar las correspondientes notificaciones y las medidas relativas a la legislación sobre armas;
  • que el Consejo de Gobierno exponga en su mensaje,
    • cómo se aplicará concretamente el nuevo registro de datos,
    • cómo se preservarán la protección de datos y los derechos de la personalidad de las personas afectadas,
    • qué consecuencias financieras y organizativas cabe esperar para la policía, la justicia, la administración de caza y los municipios,
    • en qué medida las medidas propuestas son compatibles con el derecho federal, en particular con la Ley federal sobre armas, accesorios de armas y munición, así como con la Ley federal de caza, y dónde el cantón aprovecha su margen de configuración.

El Consejo de Gobierno tendrá en cuenta en su propuesta las disposiciones transitorias necesarias, en particular en lo que respecta a las autorizaciones de caza existentes, los procesos penales en curso y la adaptación de los sistemas estadísticos cantonales.

2. Breve justificación

Los homicidios de mujeres y la violencia grave en el ámbito doméstico son un grave problema social. En una parte de estos casos se emplean armas de fuego, a menudo de posesión legal. Entre ellas figuran también armas de caza, presentes en muchos hogares. Para las personas afectadas por la violencia doméstica, cada arma de fuego en el hogar representa un riesgo potencialmente mortal.

A pesar de ello, en las estadísticas cantonales y nacionales actuales por lo general no se registra sistemáticamente si el arma de fuego empleada era un arma de caza ni si el autor era cazador o estaba habilitado para cazar. Tampoco resulta visible en cuántos casos la violencia doméstica, las amenazas o los feminicidios proceden de hogares de cazadores. Falta así una base elemental para reconocer los riesgos y adoptar medidas de prevención eficaces.

La Estadística Policial de Criminalidad 2024 (PKS) distingue únicamente según el medio empleado, como «arma de fuego», «cuchillo», etc., y no según el tipo de arma o el grupo profesional. La estadística de sentencias penales relativa a la Ley de Armas tampoco lo hace; se limita a contabilizar las condenas por infracciones contra la Ley de Armas en su conjunto. En 2024 se registraron en Suiza un total de 563’633 delitos según el Código Penal. De ellos, 48’943 fueron delitos violentos, 2’456 de los cuales clasificados como «delitos violentos graves». Estas cifras se refieren a todas las armas de fuego en conjunto, es decir, armas de servicio, armas ilegales, armas deportivas, escopetas de caza, etc. Para el año 2024 no existe en Suiza ninguna cifra oficial sobre cuántos delitos fueron cometidos expresamente por cazadores o con armas de caza. Solo se conocen las cifras generales sobre la violencia con armas de fuego, en las que las armas de caza no se desglosan por separado.

A nivel internacional, numerosos estudios indican que la disponibilidad de armas de fuego en los hogares privados aumenta considerablemente el riesgo de violencia mortal, en particular contra las mujeres en el ámbito doméstico. Sin una base de datos diferenciada sobre las armas de caza, este riesgo permanece en la sombra. La política y las autoridades no están en condiciones de evaluar con seriedad en qué medida las armas de caza contribuyen a los feminicidios y a otros delitos violentos graves, ni dónde serían necesarias medidas específicas.

La moción propuesta parte, por tanto, en primer lugar de la transparencia. Solo si en la estadística criminal se indica con claridad qué papel desempeñan las armas de caza y los cazadores en los delitos violentos graves, podrá el cantón desarrollar medidas eficaces, proporcionadas y jurídicamente seguras para proteger a las posibles víctimas. Esto se corresponde con una política basada en la evidencia, que se apoya en los hechos y no en la retórica de los lobbies.

Al mismo tiempo, se preserva el margen de actuación del cantón. El Consejo de Gobierno deberá examinar, sobre la base de los nuevos fundamentos de datos, qué pasos concretos son necesarios en el ámbito de la verificación de fiabilidad, la retirada de armas, los sistemas de notificación y la custodia segura. Para ello deben armonizarse el derecho federal, la protección de datos y la integridad física y psíquica de la población, protegida constitucionalmente.

La moción no crea, por tanto, una condena anticipada de los cazadores, sino que exige claridad sobre un riesgo hasta ahora sistemáticamente ignorado. Quien quiera utilizar armas de caza para el ocio y el pasatiempo asume una responsabilidad especial frente a sus parejas, hijos y la sociedad. El cantón ( ………… ) debe tomar en serio esta responsabilidad y contribuir, con medidas adecuadas basadas en datos, a prevenir feminicidios y otros delitos graves de violencia con armas de caza.