Condenados cazadores furtivos de aves en Malta: Victoria contra la caza furtiva
La semana pasada, el tribunal de La Valeta dictó una sentencia importante en la lucha contra la caza ilegal de aves: un cazador de aves de Mgarr fue multado con 2.000 euros por atrapar pinzones durante la veda en septiembre de 2022, y también se le prohibió practicar la caza con trampas durante tres años.

La Campaña contra la Matanza de Aves (CABS, por sus siglas en inglés), cuyos empleados comparecieron como testigos, celebró expresamente la condena y elogió a la policía por su trabajo constante.
“Es una señal importante de que las prácticas ilegales no quedarán impunes”, explicó el presidente de CABS, Karl-Heinz Kreutzer.
Paralelamente, CABS publicó un análisis exhaustivo de los últimos once años: entre 2014 y 2024, la organización reportó 1000 casos de prácticas ilegales de caza y captura, de los cuales 347 llegaron a los tribunales. Estos incluyeron 298 casos de captura ilegal, 34 relacionados con infracciones de caza y 15 casos de posesión o comercio ilegal de especies protegidas.
De los 347 casos, 217 resultaron en condenas, 63 acusados fueron absueltos y 67 casos aún están pendientes o se desconoce su resultado. Cuatro casos fueron archivados porque los acusados fallecieron antes de que se dictara el veredicto, y en otros cuatro casos había prescrito el delito.
Las sanciones fueron multifacéticas: además de multas que ascendieron a más de 300 000 €, se impusieron penas de prisión, se revocaron licencias de caza y captura, y se confiscaron escopetas, redes, trampas y otros equipos de captura. De esta forma, se rescataron miles de aves protegidas vivas y se las liberó de nuevo en su hábitat natural. A pesar de su intensa participación, el personal y los voluntarios de CABS nunca recibieron ni solicitaron indemnización por testimonio.
CABS subraya que estas cifras solo representan una parte del problema, ya que no se incluyen los informes de ONG locales como BirdLife Malta o la Unidad de Guardabosques. Kreutzer destaca el papel fundamental de las ONG en la protección del patrimonio natural de Malta.
En un mundo ideal, todas estas condenas deberían lograrse mediante una vigilancia policial proactiva. Desafortunadamente, los agentes de la EPU (antes ALE) están sujetos a severas restricciones: no se les permite trabajar de incógnito, carecen de equipos adecuados para la vigilancia y tienen prohibido operar en Gozo o de noche. Sin apoyo político ni recursos suficientes, los cazadores furtivos seguirán obteniendo beneficios.
El veredicto contra el cazador furtivo de aves de Mgarr representa un pequeño pero importante paso en la lucha contra la caza ilegal de aves. Sin embargo, las estadísticas de los últimos 11 años demuestran que la protección de la avifauna autóctona en Malta sigue dependiendo en gran medida de la participación de la sociedad civil, y que las estructuras estatales aún están muy rezagadas en la adopción de las medidas necesarias.
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